Lorca.- El ex director de la empresa municipal de limpieza de Lorca, Francisco Gil Eguino, fue trasladado a primera hora de la mañana desde la comisaría de la Policía Nacional, en cuyas dependencias se encontraba desde que fue detenido el martes, al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Cuatro de Lorca.
Este juzgado instruye el caso por la trama de corrupción del caso Limusa, en la que Gil es hasta el momento el único detenido, y al que se considera presunto autor de varios delitos contra la Hacienda Pública, entre ellos blanqueo de capitales, fraude fiscal y malversación de fondos públicos.
Gil llegó al juzgado a las 8:25 horas en un coche patrulla de la Policía Nacional con los cristales traseros tintados y bajó del mismo esposado, vistiendo un traje de color azul marino.
Cuatro agentes intentaron ocultar su rostro con un abrigo mientras le conducían al interior del edificio de los juzgados por una puerta lateral, lo que no impidió que los reporteros gráficos captaron su rostro, visiblemente serio.
El detenido no hizo declaraciones a los periodistas y fue conducido al interior del juzgado donde hoy prestará declaración ante el juez instructor del caso, Sergio Romero, al que ayer le fueron entregadas 32 cajas con diversa documentación y el precinto de la Agencia Tributaria, obtenidas en los siete registros que hasta el momento se han realizado en el marco de la operación.
Los registros judiciales se realizaron en la sede central de Limusa, en tres viviendas propiedad del detenido, en una empresa de suministros eléctricos, una oficina de seguros y una asesoría.
La investigación del caso Limusa se inició a raíz de la querella criminal que interpuso contra Gil en 2007 un trabajador de la empresa, que lo acusó de acoso laboral y que durante meses reunió pruebas para acreditar las presuntas irregularidades que ahora se atribuyen al ex director.
Por la dirección de la empresa municipal percibía un salario próximo a los 8.000 euros mensuales y que estaba vinculado a la misma desde hace más de 20 años.
Su detención se produjo al día siguiente de su despido disciplinario de la empresa, tras otro litigio judicial en el que fue él el que acusó al gerente de Limusa, Santos González, de acoso laboral y al ayuntamiento de intentar bajarle el suelo y reducir sus funciones.
Durante el juicio, que se celebró en el Juzgado de lo Social Número 6 de Murcia, Gil presentó como prueba del acoso grabaciones de conversaciones de trabajadores de Limusa realizadas en el lugar de trabajo y sin el consentimiento de éstos.
Esas grabaciones clandestinas junto con otras "faltas muy graves" que vulneraban
las estipulaciones del convenio colectivo motivaron su despido disciplinario de la empresa 24 horas antes de su detención.
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