Sánchez de León niega contratos con als empresas investigadas y se compromete a informar

Valencia.-  La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, se ha comprometido a entregar a los grupos de la oposición "todo lo que estamos obligados a entregar" y ha negado que desde su departamento se realizase algún contrato con algunas de las empresas investigadas por la Audiencia Nacional.

Sánchez de León ha cerrado la cuarta jornada de comparecencias a petición propia de los consellers en Les Corts, donde ha defendido su "compromiso de transparencia y disposición personal de cercanía con Les Corts".

Sin embargo, todos los grupos de la oposición han coincidido en exigirle una respuesta sobre si su consellería ha mantenido o no algún tipo de relación contractual con dichas citadas empresas.

La consellera ha explicado que el 12'37 por ciento de los contratos efectuados por su departamento el año pasado fue por procedimiento negociado, así como el diez por ciento de los del año anterior.

Se ha remitido a los informes de la Sindicatura de Comptes para referirse al control externo que se efectúa sobre la gestión de la consellería y ha lamentado que se tenga que hacer cargo "de los gastos de funcionamiento de todos los juzgados de la Comunitat" sin percibir partidas extraordinarias, "como en el caso de Cataluña", ha añadido.

"Entregar la información que se solicite es una obligación y un deber que tenemos todos los responsables políticos", ha dicho la consellera, si bien ha agregado que "no hay ningún contrato relacionado con no sé qué cosas que ustedes hablan y que yo no conozco".

"Si de verdad creen en la independencia judicial lo único que deberían criticar no es la acción de Gobierno, sino las filtraciones interesadas de los sumarios judiciales, eso es un delito, y los juicios mediáticos paralelos", ha afirmado.

La portavoz socialista en esta comisión, Josefa Andrés, ha calificado de "sospechoso" el contrato suscrito por la Fundación Agua y Progreso, organismo que ha vinculado con la Consellería de Justicia, para la organización de la manifestación contra la derogación del trasvase del Ebro.

"El registro de fundaciones depende de su consellería", ha señalado Andrés, quien ha solicitado "una respuesta clara en base a la transparencia y la cooperación que usted ha esgrimido".

Por su parte, Lluís Torró (Esquerra Unida) ha recordado a Sánchez de León que "estas comparecencias tienen que ver con las investigaciones iniciadas por la Audiencia Nacional, que investiga a personas que podrían haberse enriquecido con el concurso de funcionarios y políticos entre los cuales parece que pueden estar imputados altos cargos de la administración valenciana".

"Es evidente que implícitamente se admite que esta comparecencia tiene que ver con esto", por lo que ha preguntado "¿Qué contratos ha tenido su consellería con estas empresas?" y ha considerado "grave" que no se pronunciase sobre "los indicios delictivos sobre Francisco Camps y Ricardo Costa".

En el mismo sentido se ha manifestado el portavoz de Compromís, Josep María Pañella, quien ha lamentado que "los consellers no aclaren" si han tenido relación con las empresas investigadas.

"Hay posturas que nos hacen pensar, como la suya -consellera- en el caso Fabra, ya que no se hace ningún intento por aclarar lo sucedido. Ustedes están escondiendo lo que al final saldrá a la luz", ha añadido.

En su última intervención, la consellera ha asegurado que "buscando la información que se me pedía, he encontrado un informe del año 1991" solicitado por un alto cargo socialista -Lloret, según ha dicho- "en el que se pedía a un prestigioso catedrático de Derecho Administrativo que encontrase argumentos para no facilitar información a la oposición", y puso dicho informe a disposición de los grupos.