Lorca.- Agentes de la policía judicial trasladaron hoy al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Cuatro de Lorca 32 cajas con los documentos intervenidos ayer en los registros practicados en una oficina de seguros y en una asesoría, en el marco de la trama del caso Limusa.
Imagen de un agente de la Policía judicial de la Guardia Civil en Murcia. EFE/Archivo
Los agentes llegaron al juzgado poco antes de las diez de la mañana en un vehículo camuflado que llevaba en el asiento trasero cajas de formato archivador con el precinto de la Agencia Tributaria.
Los archivadores fueron trasladados desde el coche a la sala de vistas del juzgado, y posteriormente los agentes abrieron el maletero del vehículo policial, completamente repleto de cajas, y sacaron un carrito para transportarlas al interior del juzgado, aunque finalmente los llevaron a pulso.
En algunas de las cajas etiquetas adhesivas indicaban el lugar en el que fueron intervenidos los documentos y un número asignado al paquete, siendo visible uno en el que figuraba el guarismo 62, lo que indica el volumen de material documental con el que trabaja el juez, que también ayer recibió documentación requisada en los registros anteriores.
Las 32 cajas fueron colocadas en la sala de vistas ante la supervisión del juez instructor del caso, el magistrado Sergio Romero, al que hoy acompañaron a su llegada al juzgado la fiscal y personal de Hacienda y de la Udyco.
En la trama Limusa hasta el momento solo ha sido detenido el ex director de esta empresa municipal de limpieza, Francisco Gil, que permanece en las dependencias de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía desde el martes.
Mañana expira el plazo legal de 72 horas desde su detención preventiva tras la cual tiene que ser puesto a disposición de la autoridad judicial o en libertad, aunque distintas fuentes cercanas al caso apuntaron que la policía agotará ese plazo y que Gil será trasladado mañana al juzgado para prestar declaración.
Desde que se produjo la detención de Gil, un día después de su despido disciplinario de Limusa, los agentes judiciales y de la Udyco de la Policía Nacional han practicado un total de siete registros, uno en la sede central de la empresa municipal, otros dos en inmuebles del detenido en Lorca y otro en una vivienda de segunda residencia en Águilas, además de los realizados en una empresa de suministros eléctricos, una aseguradora y una gestoría.
La investigación se inició a partir de la denuncia de un trabajador de la empresa contra Gil por acoso laboral, aunque su detención está relacionada con la comisión de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y fraude fiscal y el caso se encuentra bajo secreto de sumario.
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