Montevideo.- El Gobierno uruguayo remitió hoy al Parlamento un proyecto de ley que castiga el acoso sexual en los lugares de trabajo y centros de estudio, y permite a las víctimas recibir reparaciones económicas.
El proyecto de ley, aprobado por el Ejecutivo en la víspera, estaba siendo examinado y completado desde 2007 por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. EFE/Archivo
El proyecto de ley, aprobado por el Ejecutivo en la víspera, estaba siendo examinado y completado desde 2007 por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero cuenta también con el beneplácito de los ministerios de Salud y de Desarrollo Social.
El acoso en los citados escenarios es definido como "todo comportamiento sexual no deseado por la persona a la que va dirigido y cuyo rechazo le puede causar algún tipo de daño o perjuicio en su relación laboral o en su relación docente, o que cree un ambiente de trabajo intimidante, hostil o humillante".
La ley, a cuyo borrador tuvo acceso el diario El País, explica que "el trabajador afectado podrá optar por la indemnización prevista o por considerarse indirectamente despedido".
En este caso, señala el proyecto de ley, "el despido revestirá el carácter de abusivo y dará derecho a una indemnización especial tarifada de seis mensualidades, de acuerdo a la última remuneración del trabajador".
Según indicaron fuentes oficiales citadas hoy por la página digital de El País, con estas sanciones se procura una "protección integral" de las víctimas de acoso, así como la prevención de tales conductas.
Una importante novedad es la protección que se da a los estudiantes víctimas de acoso, a quienes se ofrecen los mismos derechos legales que a los que sufren esa conducta en los centros de trabajo, incluida la indemnización económica.
Además, se considera la responsabilidad no sólo del agresor, sino también de aquellas personas que, teniendo conocimiento del acoso, no dieran los pasos necesarios para evitarlo.
Subraya la ley que las víctimas y testigos de casos de acoso sexual no podrán ser despedidas, ya que de lo contrario tal situación podría ser calificada de represalia laboral por parte de los empleadores.
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