Sitúan el suicidio como la causa menos probable de la muerte de la mujer que cayó por una ventana

Ávila.-  Los médicos forenses y los expertos de la Guardia Civil que han declarado hoy como peritos en el juicio que se sigue en Ávila, contra un hombre de 33 años acusado de asesinar a su pareja, una menor que cayó por una ventana, han situado el suicidio como la causa menos probable de la muerte de la joven.

En su declaración conjunta, los forenses que practicaron la autopsia a la menor, muerta el 25 de septiembre de 2005 en Ávila tras precipitarse desde el balcón de su vivienda, han manifestado que la posición en la que fue encontrada la víctima no se corresponde con la "forma típica de un suicida para precipitarse".

Los dos médicos han confirmado que la precipitación de la víctima fue "sobre la parte superior del cuerpo", es decir, la cabeza y los brazos, y han subrayado que la joven no presentaba lesiones de defensa.

No han descartado los forenses ninguna hipótesis sobre las causas de la muerte, pero sí han apuntado que, con la tasa de alcohol en sangre que presentaba la fallecida, "bastante elevada", se "inhibe la conciencia y es menos probable el suicidio".

Por su parte, los peritos del servicio de Fotografía e Infografía de la Guardia Civil, que han presentado una recreación infográfica sobre posibles hipótesis respecto a la caída de la víctima, han afirmado que, aunque "todas son posibles", las hipótesis sobre un suicidio "no son compatibles con las heridas que presentaba".

Las heridas de la fallecida, según los peritos, hacen que "la hipótesis más compatible sea que una persona la lanzó al vacío".

También han comparecido hoy los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que redactaron el informe pericial de la huella de pisada aparecida en el balcón de la vivienda desde el que supuestamente se precipitó la víctima y han confirmado que corresponde a la de una de las zapatillas que llevaba ese día el acusado.

M.D.S.G.R., que entonces tenía 33 años, está acusado del asesinato de su pareja sentimental por el que la Fiscalía y la acusación particular piden penas de 18 y 20 años de prisión, respectivamente, mientras la defensa solicita su libre absolución al sostener que se trató de un suicidio.