Bogotá.- Las relaciones entre Colombia, Ecuador y Venezuela siguen heridas un año después de la operación militar colombiana contra un campamento de las FARC en suelo ecuatoriano, que aún despierta un acalorado cruce de acusaciones entre sus Gobiernos.
Imagen de archivo del ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, quien desató airadas respuesta de sus vecinos al señalar que la incursión fue "un acto de legítima defensa". EFE/Archivo
Las recientes declaraciones del ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, en las que defendió la incursión como "un acto de legítima defensa", y las informaciones sobre la presencia de líderes rebeldes en Venezuela y Ecuador desataron respuestas airadas de sus vecinos.
El Gobierno venezolano rechazó hoy las declaraciones de Santos, que calificó de "irresponsables", y señaló que constituyen "una amenaza a la estabilidad y soberanía de los países de la región".
Santos dijo el 1 de marzo pasado, cuando se cumplió el primer aniversario de la "Operación Fénix" en Ecuador, que atacar fuera de sus fronteras a fuerzas irregulares "es un acto de legítima defensa y una doctrina cada vez más aceptada por la comunidad y el derecho internacional".
El ministro colombiano demuestra de manera "prepotente", una vez más, "su desprecio por el derecho internacional" y su "grosero desconocimiento" del consenso alcanzado en la cumbre del Grupo de Río en Santo Domingo el 7 de marzo de 2008, señaló la Cancillería venezolana.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, que rompió hace un año las relaciones con Bogotá por la operación militar en la que murió el número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), "Raúl Reyes", también arremetió contra Santos.
"No se meta con Ecuador, no cometa ese terrible error", le dijo Correa y añadió: "si su criterio es perseguir y atacar a terroristas en cualquier lugar, le puedo dar algunos libros para que sepa dónde comenzar persiguiendo terroristas y narcotraficantes, para que empiece por casa".
El mandatario de Colombia, Álvaro Uribe, intervino hoy para bajar el tono de la tormenta desatada con sus vecinos por las palabras de su ministro de Defensa, a quien pidió tener "sumo cuidado en las declaraciones que comprometan las políticas internacionales".
El Gobierno explicó que Santos le expresó a Uribe que en ningún momento pretendió crear molestias a los países vecinos con sus declaraciones sobre la incursión de militar y destacó que tiene el "mayor interés" en impulsar una agenda constructiva con "los países vecinos y hermanos".
La "Operación Fénix", en la que murieron 26 personas, entre ellas cuatro mexicanos y un ecuatoriano, provocó hace un año la ruptura de los lazos colombo-ecuatorianos, así como la movilización de tropas ecuatorianas y venezolanas a la frontera con Colombia.
Si bien la administración de Uribe logró dar por superada la crisis diplomática con Venezuela e incluso con Nicaragua, que también llegó a romper relaciones con Bogotá en apoyo a Quito, Ecuador insiste en que Colombia debe cumplir "requisitos mínimos" para restaurar los lazos.
Correa reiteró ayer estar "dispuesto a reanudar las relaciones con Colombia, una vez que se hayan cumplido con las legítimas exigencias de Ecuador", pero dijo que, "en lo personal", no perdonará "jamás a los que traidoramente ordenaron mancillar el suelo patrio", en clara alusión a Uribe.
Ecuador exige que Colombia refuerce la presencia militar para un control efectivo de su lado de la frontera, donde existe presencia de la guerrilla y grupos paramilitares, y que ponga fin a la campaña que, según Quito, intenta relacionar a su Gobierno con las FARC.
Además, solicita a Bogotá que indemnice a la familia del ecuatoriano Franklin Aisalla, fallecido en el ataque, y que aporte recursos para atender a miles de colombianos que han buscado refugio en Ecuador, al huir de la violencia en su país.
La última exigencia a Colombia es la entrega de toda la información sobre la "Operación Fénix".
El Gobierno de Uribe no ha respondido a esas solicitudes, aunque de facto sí ha fortalecido sus bases militares en las zonas fronterizas y ha evitado hacer pronunciamientos que insinuaran una relación del Ejecutivo ecuatoriano con las FARC.
Hasta ahora tampoco ha dado frutos la labor de buenos oficios de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que recurrió hoy el Gobierno ecuatoriano para que medie en lo que amenaza con convertirse en una nueva controversia con Colombia.
Se trata de la información divulgada por la emisora de radio colombiana RCN, según la cual nueve miembros de la cúpula de las FARC estarían refugiados en Venezuela y otros dos en Ecuador.
El Ministerio de Exteriores ecuatoriano expresó hoy a la OEA su "preocupación" por esa información, atribuida a "los organismos de inteligencia" de Colombia.
Además, pidió al organismo interamericano que traslade al Ejecutivo de Colombia "la necesidad de que se proporcione a Ecuador información precisa acerca de la ubicación de los referidos altos mandos de las FARC".
El ministro de Seguridad Interna y Externa ecuatoriano, Miguel Carvajal, dijo el mismo lunes no tener información de la presencia de dichos jefes rebeldes en su país, pero pidió a las autoridades de Colombia que les entreguen los datos para investigarlos.
Carvajal atribuyó a la "falta de control" de la frontera común en territorio colombiano las "infiltraciones" de grupos irregulares colombianos "que no reconocen fronteras" y precisó que el "riesgo" de esas infiltraciones "es una realidad".
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