El ente ferroviario gallego y las competencias de la AP-9, prioridades en infraestructuras

Santiago de Compostela.-  Los tres partidos mayoritarios coinciden, en sus programas sobre infraestructuras, en impulsar un ente que gestione los ferrocarriles gallegos y, además, el BNG demanda el traspaso de las competencias sobre las carreteras estatales que discurren íntegramente por Galicia, incluida la AP-9, y el PPdeG propone transferir la titularidad de esta autopista.

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(EFE)

Los tres partidos mayoritarios coinciden, en sus programas sobre infraestructuras, en impulsar un ente que gestione los ferrocarriles gallegos y, además, el BNG demanda el traspaso de las competencias sobre las carreteras estatales que discurren íntegramente por Galicia, incluida la AP-9, y el PPdeG propone transferir la titularidad de esta autopista. EFE/Archivo

De este modo, el BNG solicita la transferencia a Galicia de los servicios ferroviarios que tengan destino y llegada dentro de la comunidad, lo que incluye la creación de un Ente Público Ferroviario Gallego y una Compañía Pública Gallega para la prestación de servicios ferroviarios interiores.

Asimismo, los nacionalistas se comprometen a impulsar el acondicionamiento de la línea FEVE en los servicios de proximidad, así como garantizar la conexión por tren de los puertos exteriores de Ferrol y A Coruña, propuesta en la que coinciden con el PPdeG.

Este partido, que denominaría la nueva sociedad como "Ente Ferroviario Gallego", propone también conectar los aeropuertos gallegos con la red de ferrocarril, mantener en funcionamiento la actual red de transporte de mercancías y cercanías, construir una nueva terminal de mercancías en A Coruña e impulsar un nuevo ramal ferroviario en la zona Sur de Vigo.

Por su parte, el PSdeG se compromete a que el "Ente de Gestión de Ferrocarriles de Galicia" coordine la política autonómica de transporte ferroviario, especialmente el de proximidad, y solicita a RENFE la renovación del 50% del material rodante que se usa en Galicia.

Asimismo, los tres partidos apuestan por potenciar el transporte metropolitano a través del ferrocarril, aunque solo el PPdeG garantiza la ejecución del metro ligero en A Coruña y Vigo en el "horizonte de esta legislatura".

Sobre el transporte por carretera, el BNG exige el "traspaso de competencias sobre las vías de comunicación de titularidad estatal que discurren íntegramente por Galicia, incluidas la AP-53 y la AP-9" y apuesta por la creación de un cuerpo de policía gallego.

Por su parte, el PPdeG solicita la transferencia de la titularidad de la autopista del Atlántico y del tramo Santiago-Dozón de la autopista Santiago-Ourense, así como se compromete a impulsar una red de autovías y vías de alta capacidad (VAC) que sitúen al 80 por ciento de los gallegos a menos de diez minutos de una VAC.

Los socialistas, que invertirán 365 millones de euros en seguridad vial, recogen una propuesta similar a la del PPdeG, aunque en su caso se comprometen a que el cien por cien de la población gallega este a menos de treinta minutos de una vía de alta capacidad.

Asimismo, El PSdeG apuesta por potenciar el transporte de rías, integrar las cinco Autoridades Portuarias y los puertos gallegos en un Sistema Único de Puertos de Galicia, así como se compromete a ejecutar los planes directores de los aeropuertos gallegos.

En lo que se refiere a vivienda y ordenación del territorio, el BNG pide al Gobierno central que abone el "pago de la deuda histórica", que asciende a 80 millones de euros, originada por el "desastroso", según los nacionalistas, traspaso de competencias en esta materia del año 85.

Propone, además, desarrollar el Plan Sectorial Gallego de Suelo Residencial que gestionará 8,7 millones de metros cuadrados para la construcción de 45.000 viviendas entre 2009 y 2017 y se compromete a elaborar una nueva Ley de Ordenación Urbanística que regule, también, la propiedad del suelo.

Los socialistas, por su parte, apuestan por elaborar un segundo Plan de Reequilibrio Territorial de Galicia 2011-2015, un plan de ordenación del litoral y por agilizar la tramitación administrativa de manera que la emisión de informes se realice en un plazo máximo de tres meses.

Asimismo, el PPdeG propone dos programas de viviendas en alquiler, uno con opción a compra y otro para el alquiler "rotacional", así como una ayuda directa de 100 euros para complementar la renta básica de emancipación.

Además, se compromete a reformar el impuesto de sucesiones y donaciones, las normas del hábitat y a, en un plazo de 6 meses, aprobar las nuevas directrices de ordenación del territorio y un plan del litoral.