La Junta de Castilla y León acorta los trámites para reducir en 2 meses el reconocimiento de la dependencia

Valladolid.-  La Junta de Castilla y León ha acortado la tramitación para reconocer las situaciones de dependencia con una única resolución para el reconocimiento de la misma y el programa individual de atención, lo que supondrá que el proceso final se reduzca entre uno y dos meses.

Así lo ha explicado hoy el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, quien ha observado que es difícil precisar el tiempo medio que se necesita para reconocer una situación de dependencia, ya que a veces se tiene que suspender el procedimiento porque falta algún dato, que a veces depende de otras administraciones.

De esta forma los pasos se reducen al de solicitud, valoración y uno único de reconocimiento de la dependencia y programa individual de atención, una novedad que funciona desde el pasado enero en Castilla y León y que el consejero ha dado a conocer hoy a los delegados territoriales de la Junta en las nueve provincias de la Comunidad, en la reunión mensual de la Comisión de Coordinación Territorial.

La otra novedad es la misión que encomendada a los delegados territoriales para que se pongan en contacto con los responsables en cada provincia de la Agencia Estatal Tributaria para que se agilice la respuesta a la petición de los datos que se necesitan para completar las resoluciones.

"Se pondrán a su disposición para facilitarles el trabajo", ha referido Antón, con el fin de terminar con uno de los escollos que más retrasa el proceso.

La Comisión ha estado dirigida por el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, para quien "el sentido común" le dicta que el enfrentamiento y discrepancias entre el Gobierno central y la Junta por la Ley de Dependencia han llegado a su fin, y el intento tanto del Ejecutivo de Zapatero como del PSCL de trasladar que no la estaban cumpliendo "se contradice con los datos y no se lo cree nadie".

"El sentido común dice que ese debate debe darse por finalizado", ha observado De Santiago-Juárez, quien no obstante ha incidido en que la queja, que inicialmente hacía sólo Castilla y León, a la escasa financiación de la ley se ha generalizado al resto de las autonomías, que incluso en el caso de Cataluña han amenazado con suspender su aplicación.

Antón, por su parte, ha insistido en la buena aplicación de la ley en la Comunidad, con más de 30.000 resoluciones reconocidas y más de 20.000 concedidas en catorce meses, y ha recalcado que su deber es seguir reivindicando los intereses de Castilla y León.