El ex dictado uruguayo Gregorio Álvarez asiste a un careo con los familiares de un tupamaro muerto en 1973

Montevideo.-  El ex dictador uruguayo Gregorio Álvarez (1981-1985) acudió hoy a un careo con familiares de Roberto Luzardo en el curso de las investigaciones sobre la muerte del militante tupamaro en junio de 1973.

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(EFE)

El ex dictador uruguayo Gregorio Álvarez (c) es conducido a un juzgado de Montevideo (Uruguay) para declarar en la causa que investiga la muerte en junio de 1973 de Roberto Luzardo, militante en ese momento del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN-T).

Esta es la primera vez en la que Gregorio "Goyo" Álvarez, quien se encuentra en prisión, comparece ante los familiares de Luzardo, que tratan de averiguar si el ex dictador ordenó que no se asistiera médicamente al miembro de los tupamaros cuando fue herido en una operación policial contra esta guerrilla urbana.

Álvarez era entonces jefe del Estado Mayor Conjunto y habría sido el responsable de que se le prestara o no a Luzardo esa asistencia médica cuando fue ingresado en el Hospital Militar herido de bala.

El ex dictador se encuentra en prisión después de que en diciembre de 2007 fuera procesado por su responsabilidad en los traslados clandestinos desde Argentina en 1978 de disidentes uruguayos, algunos de los cuales fueron asesinados en cuarteles del Ejército.

Al careo en torno a la muerte de Roberto Luzardo acudieron sus hermanos Raúl y Beatriz, y su madre, Ana Blanco.

"No nos alienta el odio ni la venganza en esta causa; estamos preocupados para buscar la Justicia", dijo Raúl Luzardo al diario digital Observa.

Álvarez compareció ante el juez Juan Carlos Fernández Lecchini en calidad de indagado.

Esta comparecencia se produce un día después de que el Parlamento uruguayo respaldara la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en varios de sus artículos, tal y como había hecho días antes el Gobierno del presidente Tabaré Vázquez.

Esa Ley de Caducidad aprobada en 1986 y ratificada en 1989 garantizó la impunidad a los responsables de crímenes y violaciones de derechos humanos durante la dictadura uruguaya (1973-1985).

Ahora es la Suprema Corte de Justicia la que debe dar un dictamen tras considerar la opinión del Parlamento, reunido ayer en su Asamblea General, y del Ejecutivo, teniendo en cuenta también que no es vinculante este respaldo al planteamiento de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad presentada por la fiscal Mirtha Guianze.

Está previsto que la Asamblea General presente hoy a la Corte Suprema de Justicia los resultados de su sesión extraordinaria de ayer, en la que sólo el gobernante Frente Amplio, en mayoría en el Legislativo, apoyó esa inconstitucionalidad.

La causa abierta contra "Goyo" Álvarez fue declarada por el Gobierno uruguayo al margen del amparo de la Ley de Caducidad al referirse su procesamiento al delito de "desaparición forzosa", relacionado con las acciones del llamado Plan Cóndor.

El operativo fue organizado en los años setenta por los regímenes dictatoriales del Cono Sur para eliminar y reprimir de forma concertada a los disidentes y opositores políticos.