Los titulares de suelos contaminados, obligados a la limpieza y la restauración ambiental

Santiago de Compostela.-  El Consello de la Xunta aprobó hoy el decreto sobre suelos potencialmente contaminados y el procedimiento para la declaración de suelos contaminados promovido por la Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, que obligará a los titulares de los terrenos a llevar a cabo las tareas de limpieza y recuperación ambiental.

El nuevo decreto establece el régimen jurídico que especifica las obligaciones de información de los titulares de actividades potencialmente contaminantes y de sus propietarios, el procedimiento para la declaración de un suelo como contaminado y las operaciones para su recuperación, así como la creación de un Registro de la Calidad de los Suelos de Galicia.

La declaración de un suelo como contaminado obligará a sus responsables a realizar las tareas de limpieza y recuperación y asumir los gastos que supongan, para lo cual deberán presentar un proyecto que incluirá la forma y el plazo de ejecución. Esta obligación podrá exigirse independientemente del período transcurrido desde que se produjo la contaminación. De no llevarse a cabo las labores de limpieza en el plazo previsto, la Consellería podrá proceder a la ejecución subsidiaria por cuenta del titular o propietario obligado y por su cuenta.

Por otra parte, el Consello aprobó la firma de un convenio entre la Vicepresidencia de la Igualdad y del Bienestar y Cruz Roja por el que el Gobierno gallego invertirá 397.000 euros en la puesta en marcha del programa de familias acogedoras.

Este programa tiene por finalidad ofrecer un servicio de atención temporal a menores en situación de desamparo o desprotección social, proporcionándoles un ambiente normalizado que permita evitar su acogimiento residencial. Por su parte, Cruz Roja aportará 103.149 euros.

También el Consello aprobó hoy el decreto que regula el seguimiento desde su origen de los residuos, lo que permitirá simplificar los trámites administrativos en los procesos de traslado de los residuos peligrosos y no peligrosos.

El decreto aprobado establece un protocolo que regula las transmisiones de residuos peligrosos y no peligrosos entre productores y gestores, de forma que se determine en todo momento quién es el responsable del residuo. Se calcula que anualmente se producen alrededor de 95.000 traslados al año de residuos peligrosos.

Además, el Gobierno gallego aprobó el decreto sobre los archivos judiciales territoriales y la Junta de Expurgación de la Documentación Judicial en Galicia.

Así, en lo que se refiere a los primeros, el texto establece que la red de archivos judiciales de la comunidad autónoma estará integrada por cuatro archivos de ámbito provincial, y que cada uno de ellos podrá tener uno o varios depósitos de fondos.

Según el decreto aprobado hoy, el Archivo Judicial Territorial de A Coruña tendrá su sede en el TSXG y podrá tener depósitos de fondos en las ciudades de A Coruña, Ferrol y Santiago de Compostela; los de Lugo, Ourense y Pontevedra tendrán sus sedes en las respectivas audiencias provinciales, y el de Pontevedra podrá tener depósitos en Pontevedra y Vigo.

Por otra parte, el texto recoge que la Junta de Expurgación de Documentación Judicial de Galicia es un órgano colegiado de naturaleza administrativa adscrito a la consellería competente en la materia y que ejercerá sus competencias en todo el ámbito territorial de Galicia. Tendrá su sede en el TSXG y estará presidida por el máximo mandatario de este tribunal, si bien este podrá ser sustituido por un magistrado en activo.

La consellería competente en Justicia, en colaboración con la consellería competente en protección del patrimonio documental, elaborará un plan inicial de expurgación, es decir, de limpieza y eliminación de documentos innecesarios, con el objetivo de catalogar e inventariar los fondos existentes en los archivos de los órganos judiciales.