Valladolid.- El Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León ha visto hoy necesario avanzar en las competencias que el Estado debe atribuir a la Comunidad en materias de Justicia y del río Duero, como recoge el Estatuto de Autonomía, reformado hace un año y que mañana cumple 26 desde su promulgación en 1983.
Así lo ha dicho, en declaraciones a Efe, el portavoz de este grupo, Carlos Fernández Carriedo, cuyo balance del principal texto autonómico es positivo en cuanto al trabajo de la Junta de Castilla y León y "no tanto" respecto al realizado por el Estado. EFE/archivo
Así lo ha dicho, en declaraciones a Efe, el portavoz de este grupo, Carlos Fernández Carriedo, cuyo balance del principal texto autonómico es positivo en cuanto al trabajo de la Junta de Castilla y León y "no tanto" respecto al realizado por el Estado.
La creación del Consejo del Diálogo Social y de la delegación de Castilla y León ante la Unión Europea son para el PP los principales avances que la Junta ha fomentado para el desarrollo estatutario, además de los convenios de colaboración firmados con las comunidades limítrofes y la proyección del Plan Anual de Convergencia Interior.
Por su parte, el procurador socialista Óscar Sánchez, uno de los ponentes en la última reforma estatutaria, ha hecho balance "negativo" del desarrollo del Estatuto, en cuanto a los avances en los derechos sociales, la redacción del plan de convergencia o una adecuación de las normas de funcionamiento de las Cortes regionales, su Reglamento, al nuevo Estatuto.
"Que haya un presupuesto de 125 millones en las cuentas de la Comunidad para el Plan de Convergencia ya es un avance, pero falta la parte que pueda aportar el Estado", ha lamentado Fernández Carriedo.
Frente a esto, el portavoz popular ha opinado que las carencias en el progreso que auspicia el nuevo texto han venido por la falta de desarrollo de competencias por parte del Gobierno central, como las que corresponden al Duero y en materia de Justicia.
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