Madrid.- El CGPJ ha recordado hoy a su vicepresidente, Fernando de Rosa, que desde el órgano de gobierno de los jueces no puede dirigir indicaciones a ningún juez o magistrado sobre el contenido de las resoluciones que haya de tomar o no en un procedimiento determinado, ni sobre la dirección del mismo.
El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa (d), y el letrado del mismo, Eduardo Perdiguero (c), en la visita institucional que efectuaron ayer al Presidente de la Comunidad de Cantabria, Miguel Angel Revilla (i).
Según ha informado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así lo ha acordado su comisión permanente tras estudiar las declaraciones del pasado viernes de De Rosa, ex consejero de Justicia de la Generalitat Valenciana, a la televisión regional en las que criticó al juez Baltasar Garzón por no inhibirse en el "caso Gürtel" sobre una supuesta trama de corrupción en la que podrían estar implicados cargos del PP.
Los vocales también hacen hincapié en que la crítica de las resoluciones judiciales tiene su límite en la independencia de los órganos que integran el Poder Judicial.
"Ni desde el CGPJ ni desde los otros poderes del Estado o de sus instituciones pueden dirigirse indicaciones a ningún juez o magistrado sobre el contenido de las resoluciones que haya de tomar o no en un procedimiento determinado, ni sobre la dirección de dicho procedimiento", señala la comisión permanente del Consejo.
El órgano de gobierno de los jueces recuerda que estos aspectos sólo pueden ser objeto de la iniciativa del fiscal y de quienes sean parte y que habrá de ajustarse a la forma y plazos establecidos en las leyes procesales.
El CGPJ reclama el cese de cualquier declaración que pudiera perturbar "el sereno ejercicio de la actividad jurisdiccional".
El vicepresidente y vocal del CGPJ, nombrado a propuesta del PP, declaró que Garzón "podría pasar una línea roja que es muy importante, la prevaricación", en caso de que hubiera aforados en dicho caso y no se inhibiera.
De Rosa ha remitido un escrito a dicha comisión en el que explica que dichas declaraciones fueron realizadas "a título exclusivamente personal", respetando la independencia judicial y sin pretender interferir en la actividad jurisdiccional, ni cuestionar la labor de los jueces.
Además, en su escrito pide disculpas "a todos aquellos que hayan podido sentirse molestos o perjudicados por las declaraciones efectuadas".
La comisión permanente ha aprobado, por cuatro a votos frente a uno, un texto en el que señalan que en defensa de la independencia el CGPJ "está obligado a poner todos los medios a su alcance para evitar que los jueces y magistrados se vean sometidos a presiones que perturben el ejercicio de su función jurisdiccional o que pretendan orientarla en un determinado sentido".
"Esta defensa debe ser especialmente intensa cuando los atentados contra su independencia proceden de personas de relevancia política o institucional, de órganos o de otros poderes del Estado, ya que en estos casos también es especialmente intensa la capacidad de perturbar la independencia de los jueces y magistrados", añade.
En el texto -aprobado con los votos del presidente del CGPJ, Carlos Dívar, y los vocales Margarita Robles, Manuel Almenar y Antonio Dorado- no se hace referencia expresa a Garzón, por lo que la vocal Almudena Lastra, nombrada a propuesta del PSOE, ha emitido un voto en contra al considerar que el acuerdo del Consejo tenía que haber sido más explícito y afirmar que es "especialmente" desde el Consejo desde no pueden hacerse indicaciones a los jueces.
Fuentes del Consejo han explicado que éste es un "pequeño tirón de orejas a De Rosa" y que siete vocales del CGPJ han pedido que este asunto sea tratado de nuevo por el pleno que está previsto para el próximo jueves.
Estos vocales son la nombrada a propuesta del PNV, Margarita Uría, y los del sector progresista Félix Azón, José Manuel Gómez Benítez, Miguel Carmona, Carles Cruz Moratones, Manuel Torres Vela y Almudena Lastra.
El pasado domingo los jueces y fiscales progresistas pidieron que el vicepresidente del CGPJ se retractara de sus declaraciones sobre el juez Baltasar Garzón o dimitiera al considerarlas una "agresión" a la independencia del Poder Judicial.
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