Zaragoza.- La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón ha afirmado hoy que las personas afectadas por los problemas que intenta resolver la Ley de la Memoria Histórica no los ven subsanados "en absoluto" y ha reclamado al Gobierno de Aragón que cree un órgano que las asesore legal y administrativamente.
Así lo ha destacado el presidente de la Asociación, Enrique Gómez, en una comparecencia ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón, ante la que dos integrantes de la asociación, Mercedes Sánchez y Josefina Musulén, han explicado sus casos particulares, el asesinato de su abuelo, bisabuelo y tío abuelo y el de una niña robada, respectivamente.
Musulén ha contado que su abuelo, de la CNT, fue apresado en 1936 junto a su abuela, embarazada de ocho meses y medio, y que aunque en principio su familia pensó que ambos habían sido fusilados, en 1978 supieron de otros miembros de la organización sindical que su abuela dio a luz en el hospital provincial, que desde el paritorio la llevaron "a fusilar" y que la niña que alumbró desapareció. Desde que supieron de su nacimiento, su familia no ha dejado de buscarla.
Por su parte, Sánchez ha explicado que su abuelo, bisabuelo y tío abuelo fueron asesinados en 1936, que su familia cree que están enterrados en Tierga (Zaragoza) y que con la aprobación de la Ley de Memoria Histórica intentaron localizar la fosa común, con la única ayuda de la asociación, pero no hallaron los restos, aunque han sabido que podrían estar en un campo cercano, pero su localización está paralizada porque carecen de medios para investigar.
La Asociación, una de las personadas en las denuncias sobre desapariciones durante el franquismo ante la Audiencia Nacional, está dispuesta a llegar "a donde haga falta", ha dicho Gómez.
Ha agregado que "no es lógico" que estos hechos no se puedan juzgar en España, cuando jueces españoles sí pueden enjuiciar casos de otros países, al amparo de la ley de amnistía, que es "una auténtica ley de punto final" que lo que hace es "limpiar a todos los cargos del franquismo de cualquier delito que hubieran podido cometer".
"Es un imperativo categórico moral para nuestra sociedad que a estas alturas, 70 años después de estos hechos, sea un capítulo que por fin se cierre", ha destacado Gómez, quien ha trasladado a los diputados una serie de demandas de la asociación, entre ellas "acabar con el lamentable espectáculo de la honra a los verdugos todavía en tantas calles de todo Aragón".
La creación en Aragón de un centro memorial, de estudios, para coordinar todos los pequeños centros que existen en la Comunidad, y de una página web con el nombre de todos los represaliados por el franquismo, que se introduzca en el currículum de los estudiantes aragoneses esa época, en la que no se ha profundizado, y que se coloquen placas en las fosas y cementerios, son otras de sus demandas.
También se ha referido al anteproyecto de Ley catalana sobre localización e identificación de las personas desaparecidas durante la dictadura, que es "absolutamente suscribible" en Aragón, porque plantea asumir de oficio, desde el punto de vista institucional, la localización de los fallecidos y las exhumaciones.
En cuanto a la existencia de fosas comunes en Aragón, Gómez ha precisado que la propia asociación inició hace dos años una investigación para conocer la realidad y que después la asumió directamente el Gobierno de Aragón, al que ha exigido que todos los datos que recabe sean públicos para que además de a historiadores y público en general, sirva sobre todo a los familiares.
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