Denuncian que la mayoría de las CCAA carecen de equipamientos para acoger a dependientes

Zaragoza.-  La mayoría de las CCAA no tienen plazas suficientes en residencias y en centros de día para atender a las personas dependientes que tienen derecho a unos servicios que, en su lugar, se dan en forma de prestación económica, ha denunciado hoy la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

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(EFE)

Cerca de un centenar de personas mayores durante una concentración el pasado mes de octubre en Zaragoza, convocados por UGT, para exigir la aplicación de la Ley de Dependencia ante el "desequilibrio territorial" que se está produciendo y la "dejación" de algunas administraciones en la implantación del sistema. EFE/Archivo

El desequilibrio entre prestaciones y servicios en el desarrollo de la Ley de la Dependencia, al darse prestaciones económicas en lugar de servicios, puede generar un "círculo vicioso" y ser una "amenaza" para el sistema, ha agregado el presidente de dicha asociación, José Manuel Ramírez, antes de presentar un dictamen sobre esa norma.

Este indicador es uno de los diez que se han analizado en el II Dictamen del Observatorio de la Dependencia y el que menos cumplen las CCAA, que sin embargo han elaborado el decreto para desarrollar la ley, a excepción de Baleares, Cataluña, Murcia y Navarra, mientras que Extremadura lo acaba de presentar.

En el caso de Murcia, después de dos años no ha hecho ni un solo decreto para garantizar la prestación, ha denunciado Ramírez, profesor de la Universidad de Málaga.

Las CCAA que sacan nota en este dictamen son las que en el desarrollo de la ley se han implicado y se están coordinando con los servicios sociales de base y han introducido en la cooperación institucional a las entidades locales, como Andalucía, Aragón, Castilla y León y País Vasco.

En cambio, otras como Baleares, Madrid o la Comunidad Valenciana tienen muy bajos porcentajes de solicitudes, de dictámenes y de prestaciones, por lo que la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales las ha calificado con suspenso en el desarrollo de la ley, al igual que a Canarias y Extremadura.

Las comunidades de Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Navarra, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han sacado un aprobado en este dictamen, que ha tenido en cuenta para su elaboración diez indicadores objetivos y ratios y porcentajes de documentos de las administraciones central y autonómicas, de sindicatos y de la propia asociación.

Aragón ha sido evaluada con un ocho porque, según ha explicado Ramírez, aunque en el inicio el desarrollo de la norma parecía más lento, después ha sido importante, ya que incluso se han modificado varias veces los decretos y ha entendido que el procedimiento se debe de desarrollar desde los servicios sociales de base con las entidades locales o con las comarcas.

Además ha reforzado las estructuras, con lo cual ha incrementado el número de profesionales para poder agilizar el procedimiento, ha señalado, al tiempo que ha indicado que eso no quiere decir que le quedan retos pendientes que debe de abordar.

El presidente de la asociación ha denunciado "las aberraciones" y "efectos perversos" que está provocando en general el desarrollo de la ley, que en algunos territorios es muy desigual y no favorece que muchas personas puedan beneficiarse de ese derecho subjetivo.

Ya se ha acabado la excepcionalidad de su desarrollo y ahora habría que exigir a la Administración central más financiación, a las CCAA el desarrollo de los procedimientos y a los ayuntamientos que dediquen las inversiones del Plan Estatal de Financiación Local para poner en marcha los equipamientos necesarios para el desarrollo de la Ley de la Dependencia, ha dicho.

Esta ley supone, según Ramírez, el avance en política social más importante en el Estado español desde que se aprobó la Ley de Pensiones no Contributivas, aunque su aplicación tiene más dificultades en el medio rural, donde viven más personas en situación de dependencia y posiblemente "sean más caros los servicios".

El 80 por ciento de las 700.000 personas que han solicitado la ayuda de la dependencia tiene más de 65 años y en su mayoría vive en el medio rural, por lo que hay que hacer lo posible por trasladar las prestaciones y servicios en igualdad de oportunidades.

Esta norma afecta a un millón y medio de personas, pero tiene un impacto sobre tres millones, va a suponer una inversión social de más de un punto del PIB y va a generar medio millón de puestos de trabajo.