Quito.- El Frente de Defensa de la Amazonía de Ecuador, que patrocina la demanda por daño ambiental contra la petrolera estadounidense Chevron-Texaco, solicitó hoy a la Corte de Justicia, que sigue el caso, que dicte una sentencia cuanto antes.
De su lado, la petrolera negó ha negado los cargos en su contra y ha calificado el proceso en Ecuador como una "farsa", ya que no se ha logrado demostrar los supuestos daños ambientales ni los efectos en la salud humana ni en la naturaleza, como sostienen los acusadores.
Luis Yanza, dirigente del Frente de Defensa y coordinador de la Asamblea de Perjudicados por Texaco, indicó en rueda de prensa que llegó la hora de que se dicte sentencia, ya que el proceso lleva quince años, los últimos cinco radicado en la Corte de Justicia de la provincia de Sucumbíos, en la Amazonía ecuatoriana.
Recordó que en los primeros diez años el proceso se tramitó en una corte de Nueva York y que al final decidió someterse a la jurisdicción de la corte ecuatoriana.
Según Yanza, durante el proceso se han presentado pruebas suficientes y "contundentes" para demostrar el daño ambiental que Texaco dejó en los campos de extracción de crudo que operó entre 1972 y 1995.
"Por todo esto, consideramos que existen pruebas suficientes y consideramos que se debe ya dictar sentencia", añadió Yanza, tras precisar que se presentó esa petición ante el juez Juan Núñez, el presidente de la Corte de Justicia de Sucumbíos.
Yanza, acompañado en la rueda de prensa por el indígena de la etnia cofán Roberto Aguinda y por los abogados de los demandantes Pablo Fajardo y el estadounidense Steven Donziger, acusó a Texaco de intentar demorar el proceso.
Recordó que existen varios estudios que ratifican la demanda contra la petrolera y precisó que el último informe del perito Richard Cabrera cifra en 27.000 millones de dólares el valor de la reparación ambiental y social en las zonas afectadas.
Por su parte, James Craig, portavoz de Chevron, en un mensaje remitido a Efe, rebatió a los abogados demandantes y acusó a Fajardo de estar "participando en un juego peligroso e irresponsable".
"Los abogados de los demandantes están ilegalmente tratando de acelerar el juicio, porque temen que el fraude que están llevando a cabo sea expuesto", añade Craig en el escrito.
De su lado, Fajardo, representante legal de los demandantes, dijo que espera que haya una sentencia "lo antes posible", pese a que están pendientes inspecciones judiciales, solicitadas por Texaco.
Según Fajardo, esas inspecciones, que debían efectuarse el año pasado, aún no se las ha hecho, por la acción de los abogados de la petrolera que intenta alargar el proceso.
El abogado indicó que si la Corte emite la sentencia, solicitará a las autoridades estadounidenses que congelen activos de Chevron por el valor de la demanda, con el objetivo de asegurar el pago de la reparación, en caso que la petrolera decida recurrir la eventual condena de la Corte ecuatoriana ante organismos internacionales.
Donziger indicó que, según estudios independientes, el daño causado por Texaco en la Amazonía ecuatoriana es superior, en treinta veces, al desastre ocurrido en 1989 en Alsaka, con el buque petrolero "Exxon-Valdez".
El estadounidense también rechazó la versión de Chevron, en el sentido de que los demandantes habrían influido en la elaboración del informe elaborado por el perito Cabrera y señaló que esas acusaciones solo intentan demorar la sentencia en el juicio.
Al respecto, el asesor de comunicaciones para América Latina de Chevron, aseguró que su compañía "ha demostrado a la Corte que el Frente de Defensa de la Amazonía tuvo una participación directa" y preparó el reporte del perito Cabrera.
Asimismo, manifestó que los demandantes intentan que no se realicen varias inspecciones solicitadas por Chevron en el proceso, para impedir que se demuestre la inocencia de la petrolera.
Los demandantes, dijo Craig, solo han demostrado que en la Amazonía ecuatoriana se explota petróleo y que, "como es obvio", hay algunos residuos de crudo.
"Eso es todo lo que han 'probado'. La industria petrolera no es un 'daño', sino una fuente de ingresos para el país y una decisión soberana del Estado ecuatoriano", remarcó Craig.
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