Madrid.- El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, ha dicho que se pagará a los funcionarios de Justicia la subida pactada cuando haya disponibilidad y lo permita "la crisis brutal que vivimos" y les ha recordado que tienen "suerte y fortuna" de contar con "estabilidad y garantía de permanencia" en su trabajo.
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados (i), conversa con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, durante el pleno celebrado hoy en la Asamblea de Madrid, que ha tenido que ser suspendido a la media hora de haber comenzado, ante la imposibilidad de que cesaran los gritos y reproches entre los diputados del PP y el PSOE sobre sus supuestos imputados en tramas de corrupción.
González ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa tras el consejero de Gobierno en relación con la huelga que llevan a cabo los funcionarios de la Justicia madrileña, que hoy cumplen su cuarta jornada de paros en demanda del cumplimiento de la subida salarial acordada con la Consejería de Justicia "hace un par de años".
El vicepresidente ha admitido que estos trabajadores están en su derecho de defender sus reivindicaciones pero les ha recordado que su mejora salarial se aprobó en un momento "en que las condiciones económicas eran completamente distintas" a las actuales ya que "vivimos una crisis brutal desde hace aproximadamente un año y medio".
No obstante, ha indicado que la Comunidad cumplirá aquel compromiso -que según ha dicho establecía una subida salarial de unos 150 euros mensuales por empleado- aunque "diferido en un período más largo" de tiempo, y "en razón de las circunstancias económicas", de manera que se irán "modulando esos incrementos retributivos a las disponibilidades que permita la evolución económica a las Administraciones públicas".
Según González, ahora "las circunstancias económicas han cambiado" y estamos "en un contexto" en el que se pierden unos "7.000 empleos diarios".
Por ello, considera que como funcionarios públicos, los trabajadores de la Justicia "tienen la suerte y la fortuna de tener mayor estabilidad y garantía de permanencia en su puesto de trabajo" por encima de otros empleados a los que afecta más la "pérdida de actividad económica".
Asimismo, ha dicho que las Administraciones públicas "ven disminuir sus ingresos" de manera que han tenido que limitar en sus presupuestos los elementos retributivos para hacerlos más "acordes con la situación en la que nos encontramos, de reducción del gasto público",
Ha pedido, por tanto, a los funcionarios de Justicia que "enmarquen" sus reivindicaciones "en el contexto" económico actual en el que "frente a la estabilidad de un puesto de trabajo o de un empleo público nos encontramos con una aminoración gravísima de ingresos y además con una pérdida de empleos brutal de 7.000 personas diarias".
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