El 44,52 por ciento de los jueces de Castilla-La Mancha secundan la huelga

Albacete.-  El 44,52% de los 146 jueces y magistrados titulares de Castilla-La Mancha están secundando la huelga convocada hoy en toda España para pedir más medios técnicos y humanos en la Administración de Justicia.

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(EFE)

El juez decano de Toledo, Juan Ramón Brigidano (2d), durante la rueda de prensa que ofreció hoy acompañado por varios magistrados para informar sobre la huelga de hoy y analizar la situación de los órganos judiciales la provincia.

Según los datos facilitados hoy en rueda de prensa por los magistrados Miguel Ángel Pérez Yuste y Jaime Lozano, del comité de huelga del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la protesta tuvo mayor incidencia en las provincias de Ciudad Real (69,7%) y Albacete (60,87%), a pesar de que en ésta solo estaba convocada por los jueces del TSJ, que siguieron el paro en un 76,47%.

La tercera provincia en seguimiento de la huelga es Toledo con un 28,2% (donde no estaba convocada la protesta), en Cuenca fue del 21,43% (con huelga convocada), mientras que en Guadalajara tan solo el 5,56% de los jueces no acudió a su puesto de trabajo.

Los magistrados Pérez Yuste y Lozano calificaron de "histórica" la jornada de hoy y recordaron que se trata de la primera huelga de jueces en la historia democrática de España.

No obstante, también quisieron enfatizar que la jornada de protesta también es el reflejo de un "fracaso colectivo" y desearon que "ojalá" los poderes públicos hubieran abierto los ojos a la realidad judicial española, cuya situación tacharon de "lamentable", máxime teniendo en cuenta que afecta a derechos y libertades ciudadanas.

Lozano subrayó que los resultados de la incidencia de la huelga en la región han sido "muy favorables", teniendo en cuenta "que partíamos de que se negaba la existencia de este derecho constitucional" y como ejemplo de ello dijo que se han suspendido todos los juicios en la Audiencia de Albacete y en el Tribunal Superior.

Los jueces no descartan seguir incidiendo en sus protestas con medidas como huelgas semanales o intermitentes, aunque han dicho que depende de la actitud de los poderes públicos.

"La Administración de Justicia -aseguró Pérez Yuste- está mal y los responsables son los poderes públicos no los jueces que sí tenemos soluciones".

Añadió que el ministerio no tiene voluntad de solucionar los problemas, que pasan por aumentar la plantilla de jueces para adecuarla a la realidad del país, donde los asuntos judiciales han aumentado en nueve millones en los últimos años, mientras que la población lo ha hecho en siete millones.

Los jueces denuncian en este sentido que la ejecución de sentencias prescriban, los señalamientos de los juicios se hagan a varios años vista o que en alguna jurisdicción como la contencioso-administrativa se pueda tardar entre cuatro y seis años en ver un asunto y hasta diez en su resolución definitiva.

Los magistrados quieren salir al paso de "las insinuaciones" sobre el poco trabajo que desarrollan, pues, "salvo escasas excepciones que se dan en todo colectivo profesional, los jueces y magistrados españoles trabajan mucho más de lo que sería normal y exigible".