Condena general por la matanza de ocho indígenas awas admitida por las FARC

Bogotá.-  La guerrilla de las FARC admitió hoy que ejecutó a ocho indígenas de la etnia Awa en el suroeste del país a los que acusó de "informantes" de las autoridades, en un hecho que fue condenado duramente por el Gobierno colombiano, las Fuerzas Militares y organizaciones no gubernamentales (ONG).

Los indígenas "se pusieron al servicio del Ejército", y por ello "fueron ejecutados", señaló el escrito firmado por la "columna Antonio José de Sucre" de las FARC, que fue difundido hoy por la Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol) que suele divulgar comunicados de esa guerrilla, entrevistas y proclamas.

La matanza y desaparición de las víctimas fue denunciada la semana pasada por la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y la Unidad Indígena del Pueblo Awa (Unipa), etnia que habita en los departamentos de Nariño y Putumayo, fronterizos con Ecuador.

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, condenó desde Brasil, donde realiza una visita de Estado, el "cinismo" de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) frente a la matanza de ocho indígenas.

Uribe rechazó que los terroristas se crean "con el derecho a apropiarse de la vida de un ser humano" y admitió que, con los indios de la etnia Awá el Ejército intenta establecer "un enlace de confianza".

Por su parte, el vicepresidente colombiano, Francisco Santos, consideró que ese crimen se enmarca dentro de la "locura asesina" de las FARC, mientras el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, negó que las víctimas fueran colaboradoras del Ejército.

El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, también condenó la matanza y señaló a periodistas que admitir esa acción es "una confesión que nos muestra cómo son las FARC".

Agregó que es "un grupo que no tiene ningún tipo de escrúpulos", y que es capaz de "amarrar a unos indígenas y asesinarlos con arma blanca, como fue la versión dada por un indígena que escapó".

En el comunicado, las FARC indican que la operación no estuvo dirigida "contra indígenas", sino "contra personas que, independiente de su raza, religión, etnia, condición social, etc., aceptaron dinero y se pusieron al servicio del Ejército en un área que es objeto de un operativo militar".

Los miembros de esa comunidad, reconocieron los rebeldes en la comunicación fechada el 11 de febrero, fueron detenidos el día 6 de febrero en el sitio Río Bravo, de municipio de Barbacoas, en el departamento de Nariño.

La principal guerrilla colombiana acusa "la estrategia del Gobierno y sus fuerzas represivas de involucrar a sectores de la población civil al conflicto armado, a través de recompensas, conformación de redes de informantes, familias en acción y demás ramificaciones de la política de guerra".

Agregaron que los indígenas "realizaban exploraciones, ubicaban a la guerrilla y luego iban las patrullas del Ejército para golpearnos. Individual y luego en colectivo, todos ocho confesaron que desde hacía dos años trabajaban con el Ejército en esa labor".

Luis Fernando Arias, un portavoz de la Onic, rechazó las imputaciones formuladas, pidió respetar y mantener a los indígenas fuera del conflicto armado, y exigió a las FARC "aclarar" la matanza y dar cuenta de la suerte de al menos 19 desaparecidos.

La Onic y la Unipa habían denunciado que los indígenas "fueron llevados amarrados a una quebrada denominada El Hojal de la comunidad (aborigen) El Bravo" y añadieron que, según vieron testigos, los rebeldes asesinaron a "algunas personas con arma blanca".

El gobernador de Nariño (sur), Antonio Navarro, precisó que el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), de la fiscalía, junto a la Fuerza Pública, hallaron el primer cadáver en la noche del lunes, casi una semana después de su búsqueda.

El funcionario añadió que ha sido informado de que en la región hay bastantes campos minados y que los miembros de la comisión de las autoridades "están en el trabajo de levantar esas minas para poder realmente hacer el levantamiento legal del cadáver".

La semana pasada, el sistema de agencias de la ONU en Colombia señaló que el pueblo Awa ha sido víctima de "confinamientos, desplazamientos forzados, reclutamiento de niños y niñas, así como de asesinatos selectivos de sus líderes".

Desde Washington, el director de Human Rights Watch (HRW), el chileno José Miguel Vivanco, declaró hoy a radios colombianas que la matanza "es una monstruosidad", y recordó que la semana pasada había señalado que "no existe excusa, ni justificación válida para estos aberrantes actos".

La senadora Piedad Córdoba, líder de la organización Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), que ha mediado en la puesta en libertad de secuestrados de las FARC, admitió hoy sentir "una profunda tristeza", y señaló que ha sido "un hecho repudiable".