Disminuyen los casos de violencia en los centros educativos murcianos, pero aumenta la indisciplina

Murcia.-  Los casos de violencia a profesores en los centros de la Región disminuyeron en un 18,69 por ciento en el curso 2007-2008, aunque se registró un incremento de la indisciplina entre los alumnos, según el informe anual del Defensor del Profesor, elaborado por el sindicato educativo ANPE.

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(EFE)

En la imagen, un grupo de alumnos repasan sus apuntes antes de un examen. EFE/Archivo

El presidente de este sindicato, Clemente Hernández, explicó hoy durante la presentación del informe que durante el curso 2007-2008 se registraron dos agresiones físicas a profesores, cuatro daños a propiedades de los docentes; nueve amenazas y denuncias de padres o familiares; 15 casos de acoso, insultos y ofensas; 52 de dificultades para ejercicio de la profesión, y 92 de indisciplina.

Durante el presente curso, desde septiembre a enero, se registraron un total de 38 casos de violencia, 20 de ellos por indisciplina y una agresión a un docente de secundaria, añadió.

"Estos casos reflejan una tendencia a la reducción de casos de violencia en los centros, aunque ha aumentado la indisciplina entre los alumnos, lo que dificulta el trabajo diario de los profesores Y está llevando a que muchos de ellos pidan la prejubilación", indicó Hernández.

El presidente de ANPE señaló que esta situación incide también en las "elevadas" cifras de fracaso escolar de la Región, ya que la actitud de "falta de respeto" al profesorado dificulta la labor del docente en las aulas.

El estudio refleja que la mayoría de los casos se producen en los institutos, ya que el 73 por ciento de los 174 casos denunciados al defensor del Profesor se produjeron en centros de secundaria, y sólo un 27 por ciento en los de primaria.

Además, Hernández destacó que el 67 por ciento de los profesores afectados eran interinos o funcionarios en prácticas, y el 33 por ciento profesores definitivos.

Al respecto, dijo que estos datos se deben a que el profesor interino es más susceptible a ser víctima de acoso, ya que tiene una mayor dificultad para integrarse en el centro y desarrollar un proyecto de trabajo a medio o largo plazo.

Por ello, insistió en la necesidad de una oferta de empleo alta que favorezca el trabajo estable entre los docentes, ya que actualmente hay 2000 puestos de secundaria ocupados por interinos.

En cuanto al perfil del alumno agresor, destacó que se trata principalmente de chicos, entre 13 y 15 años, que presentan diversos problemas académicas y que han sufrido con frecuencia medidas disciplinarias.

Además, según las denuncias de los profesores, la mayoría de ellos no cuenta con la capacidad necesaria para cursar los niveles de estudios en los que están escolarizados y la relación de sus padres con el centro es difícil y poco frecuente.

Entre las causas que el profesorado atribuye a la conflictividad en los centros, el informe resalta las dificultades que tienen los alumnos para responder a las exigencias académicas, la ineficiencia de las sanciones empleadas en muchos de los casos y la legislación inadecuada y falta de amparo de las instituciones.

Por ello, el sindicato ANPE propone que se reconozca al profesor como una autoridad pública en el ejercicio de sus funciones y se considere de atentado a la autoridad por parte de la fiscalía los casos de agresiones a los docentes.

Entre otras propuestas, exige también que la Consejería de Educación exija responsabilidades legales a los padres o alumnos que presenten denuncias falsas contra profesores, ya que actualmente la asesoría jurídica de este ente no cubre estos casos.

Otras de las medidas que el sindicato considera necesario es el alejamiento del acosador del entorno del centro, la creación de equipos de mediación en todos los centros, así como la ampliación de los departamentos de Orientación.

En cuanto a las actuaciones realizadas por el Defensor del Profesor para disminuir la violencia en los centros de la Región, Hernández dijo que esta entidad incluyó el compromiso de dignificación y respaldo al profesorado en el Pacto Social por la Educación en la Región, así como la creación de un Observatorio para la Convivencia Escolar.