Garzón investiga quiénes aceptaron sobornos de Correa en Madrid y Valencia

Madrid.-  El juez Baltasar Garzón ha orientado sus pesquisas sobre la supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP a averiguar la identidad de los funcionarios y autoridades de consistorios y Consejerías de las Comunidades de Madrid y Valencia que aceptaron sobornos del grupo liderado por Francisco Correa.

Así lo advierte el magistrado de la Audiencia Nacional en el auto en el que anoche ordenó el ingreso en prisión incondicional de Correa -del que dice que el pasado día 7 trató de huir a un país centroamericano- y de dos de sus más estrechos colaboradores, su primo Antoine Sánchez y Pablo Crespo, que hasta 1999 fue secretario de organización del PP gallego.

Además, Garzón ha dejado en libertad al último detenido en la "operación Gürtel" (correa, en alemán), Álvaro Pérez Alonso, conocido como "El bigotes", responsable de la empresa Orange Market, filial en Valencia de Special Events, una de las sociedades de Correa.

Mientras tanto, el PP ha escenificado hoy en la Audiencia Nacional su malestar por la investigación, que le ha llevado a romper el pacto de Estado por la Justicia mientras Mariano Fernández Bermejo siga siendo ministro y a anunciar la recusación del juez que instruye el caso.

Así, sus dirigentes Soraya Sáenz de Santamaría y Federico Trillo han acudido esta mañana a la sede del tribunal para entregar un escrito en el que solicitan personarse en el caso como acusación particular y otro -que ni siquiera será examinado si no se admite el primero- en el que piden que Garzón se aparte de la investigación.

El PP se remonta hasta el año 1993, cuando el magistrado fue incluido en las listas electorales del PSOE, para demostrar su "enemistad manifiesta" con los "populares".

El partido que preside Mariano Rajoy también ha pedido al Consejo General del Poder Judicial que se pronuncie sobre la coincidencia de Garzón y Bermejo en una cacería el pasado fin de semana y que proceda a "la depuración de las responsabilidades de todo orden a que hubiera lugar por la escandalosa conducta del magistrado".

En la primera resolución judicial que se ha conocido sobre el caso, Garzón describe la trama como "un grupo organizado de personas y empresas" liderado por Correa y del que forman parte, "en inmediata relación de jerarquía", Crespo, Sánchez y "otros imputados".

Según el juez, como mínimo durante los últimos diez años el grupo se ha dedicado a "captar negocios" y "fondos" en las Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia a través de un conglomerado empresarial que incluye una "estructura internacional integrada por sociedades constituidas en Inglaterra y Holanda" y participadas "por entidades creadas en paraísos fiscales".

El diseño, que supone toda una estrategia de ocultación, ha permitido a Correa el control del entramado societario "sin que él figurara", mediante la constitución de sociedades por medio de testaferros a través de los despachos de asesoramiento jurídico y fiscal con relaciones con paraísos fiscales.

Así, para Garzón "consta indiciariamente acreditada la defraudación fiscal y el movimiento de dinero en el extranjero" para colocarlo en paraísos fiscales y cómo "para disfrazar" las dádivas entregadas "no dudaron en alterar y falsificar documentos"·

Al frente de sus empresas en España, Correa puso a Crespo, aunque él era el que daba "instrucciones al resto de integrantes de la organización".

Por su parte, Sánchez aparece citado en el auto como "pieza clave en la estrategia de desvinculación de Correa de las sociedades gestionadas" en el despacho de otro de los imputados.

El juez relata que "el detonante" que activó el pasado viernes la "operación Gürtel" fue el riesgo de fuga de Correa, que planeaba salir de España el día 7.

Además, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF) había advertido en un informe fechado el pasado día 3 que "quedaba constatado el nerviosismo" de Pablo Crespo "al dar órdenes a otros miembros de la organización para que guardaran unas cosas y escondieran otras".

De hecho, la organización disponía incluso de un piso de seguridad en el paseo del General Martínez Campos de Madrid en el que residía "una persona de su confianza y trabajador en una de sus empresas" y en el que guardaron "documentos sensibles" que habían sacaron de la sede de una de sus empresas, situada en la calle de Serrano, en la misma ciudad.