El Gobierno de Aragón reclama por la vía penal la devolución de los bienes

Zaragoza.-  El Gobierno de Aragón pedirá por la vía penal la devolución de los bienes histórico-religiosos que reclama el Obispado de Barbastro-Monzón al Museo Diocesano y Comarcal de Lérida, cuyo Consorcio se ha reunido hoy sin tomar ninguna decisión para la devolución de la piezas ordenada por el Vaticano.

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(EFE)

El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias (d), durante su comparecencia hoy en la sede del Gobierno de Aragón.

Ante esta situación, el presidente del Ejecutivo aragonés, Marcelino Iglesias, ha anunciado que ha ordenado que se emprendan acciones penales por apropiación indebida, prevaricación y obstaculización a la justicia por no entregar los bienes.

A juicio de Iglesias, el Consorcio Comarcal y Diocesano "pretende bloquear" el cumplimiento de unas sentencias firmes de los tribunales eclesiásticos que obligan a la Diócesis de Lérida a devolver las 113 piezas en litigio desde 1995.

Ese año, más de cien parroquias oscenses que pertenecían al Obispado de Lérida fueron adscritas por orden del Vaticano a la Diócesis de Barbastro-Monzón y reclamaron esos bienes, algunos de los cuales piezas de gran valor artístico de los siglos XII y XIII.

El Gobierno aragonés emprenderá acciones penales por apropiación indebida, en primer lugar; por prevaricación, en segundo, ya que considera que las decisiones que se han tomado bloquean el cumplimiento de las sentencias; y por obstaculización a la justicia, en tercero.

El obispo de Lérida, Joan Piris, informó ayer de que había enviado una carta al Departamento de Cultura solicitando poder disponer de las obras de arte sacro que reclama el Obispado de Barbastro-Monzón (Huesca), ya que están catalogadas por la Generalitat como Bien del Patrimonio Catalán.

El consejero de Cultura de la Generalitat de Cataluña, Joan Manuel Tresserras, ha manifestado hoy que responderá por carta a esta petición y ha insistido en buscar una solución negociada.

Tresserras, tras la reunión del Consorcio del Museo Diocesano, ha rehusado avanzar el contenido de la carta "por respeto" al obispo de Lérida, aunque ha insistido en que "no hay cambios sobre el denominado litigio del arte sacro, al no haber ninguna novedad jurídica ni normativa".

Ante el anuncio del inicio de acciones penales, el consejero ha insistido en que la Generalitat seguirá buscando una solución de consenso y dialogada, ha recalcado el "respeto institucional" y ha mostrado su "buena disposición" para encontrar una solución dialogada, aunque también ha precisado que su posición "siempre partirá de la defensa de la legitimidad de la creación de la colección y de la unidad de gestión del museo".

La iniciativa de Iglesias ha generado distintas reacciones en los partidos políticos aragoneses, como la del presidente del PP en Huesca, Antonio Torres, quien ha preguntado al jefe del Ejecutivo por qué ha tardado diez años en usar los recursos jurídicos a su alcance para reclamar el regreso de los bienes.

"Quienes siempre hemos creído que era necesario ese posicionamiento para contrarrestar con la fuerza del Derecho y la Justicia la injerencia continua de la Generalitat y otras instituciones catalanas le damos la bienvenida al club, lástima que su complacencia y servilismo haya hecho que sea tan tarde", ha insistido Torres.

Por su parte, la presidenta de CHA, Nieves Ibeas, se ha mostrado escéptica y se ha preguntado "qué ha cambiado" para que Iglesias "haya perdido así el norte" y quiera "llevar a la cárcel a los mismos con los que ha negociado acuerdos" de cogestión de los bienes.

Iglesias está "haciendo el ridículo" y "no tiene ni idea de por dónde le da el aire", porque ahora carga contra las instituciones catalanas cuando siempre ha defendido que éste es un asunto puramente eclesiástico, ha señalado la líder de CHA.

El portavoz de IU en las Cortes, Adolfo Barrena, ve "bien" que el Gobierno de Aragón recurra a la vía penal pero también estima que, de esta manera, se entra "en el juego" de la Iglesia, que "se está saliendo con la suya", ha lamentado.

El verdadero problema, a su juicio, es que en este conflicto la Iglesia, especialmente la Diócesis de Lérida, se ha "burlado del poder civil" al incumplir "sistemáticamente" sus propias sentencias y al usar a las instituciones civiles para no devolver algo de lo que se apropió de forma indebida.