Una ley de plazos, sin consenso y que no contenta a nadie

Después de tres meses de reuniones y la comparecencia de una treintena de expertos, la Subcomisión del aborto del Congreso ha presentado hoy un documento de conclusiones que orientará al Gobierno para elaborar la futura ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). El texto, que deberá ser aprobado el próximo miércoles por la Comisión de Igualdad, no contenta a los 'populares', que han anunciado que votarán en contra, y tampoco a Izquierda Unida, que se abstendrá, aunque por distintos motivos. A esta falta de consenso se suma el descontento de las organizaciones contrarias y partidarias del aborto libre.

JuanJo Martín (EFE)

La portavoz de Igualdad del grupo parlamentario socialista, Carmen Montón.

El Partido Socialista, autor del documento, apuesta por una ley de plazos combinada con unos supuestos, que todavía no ha concretado. Igual que tampoco ha concretado la duración de estos plazos. Según la portavoz del PSOE Carmen Montón, es "el Gobierno al que le corresponde fijarlos".

Para Monzón lo importante es "modificar la actual ley del aborto —la ley de supuestos aprobada en 1985— y cambiarla por una ley de plazos que recoja el derecho de las mujeres a decidir" libremente, sin que tenga que intervenir en la decisión una tercera persona.

La ley vigente recoge que no será ilegal el aborto en tres supuestos: "que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada", "que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de violación" o "que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas". En los tres casos, debe ser un especialista quien decida la interrupción. Con la nueva ley, y la consiguiente libertad de decisión, desaparecerían los registros, lo que vendría a garantizar la intimidad de las mujeres, como prometió el Gobierno hace un año, para evitar que salgan a la luz los nombres de quienes acudan a una clínica abortista.

Ampliar los plazos

Aunque el Grupo Socialista no ha hablado hoy de plazos, lo cierto es que durante todo este tiempo ha barajado como principal posibilidad garantizar el aborto libre hasta la semana 12 ó 14 de gestación. Algo que no cuenta con el consenso del Grupo Esquerra Republicana-Izquierda Unida-ICV que apuesta por que la nueva norma permita el aborto libre hasta la semana número 20. Por este motivo "vamos a mantener un voto de abstención", ha asegurado su portavoz Gaspar Llamazares.

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI) cree que este texto deja un importante vacío legal. Si —como se ha venido diciendo— el PSOE aboga por un aborto libre hasta la semana 14 y se amplía el plazo a 22 semanas en caso de malformación de feto o de grave peligro para la salud física o psíquica de la mujer, habría una media de 9.000 mujeres que no podrían acogerse ni a los plazos ni a las indicaciones y que, sin embargo, ahora están respaldadas legalmente. Actualmente no hay límites temporales si se alegan riesgos psíquicos para la madre, supuesto al que se acogen la mayoría de las mujeres.

Según Santiago Barambia, presidente de ACAI, estamos ante "una ley más definida (que la actual) pero mucho más restrictiva". "Esta restricción se traducirá en turismo abortivo, como el que se hacía hace 30 años a Inglaterra, y más clandestinidad", asegura. ACAI apuesta por una ley de plazos de 24 semanas como la holandesa y que, en caso de fetos mal formados o riesgo para la salud materna, no haya límite de semanas.

Un plan de apoyo a la maternidad

En el lado contrario están los 'populares', que no quieren ni oír hablar de plazos. Su portavoz, Sandra Moneo, ha anunciado que el PP se opondrá "frontalmente" a la propuesta del PSOE que, para ellos, supone "abrir las puertas al aborto libre". Esto sería una "auténtica barbaridad", cuando el objetivo debería ser reducir el número de abortos. Ellos insisten en mantener la normativa como está y fomentar las ayudas a las mujeres embarazadas.

Zipi (EFE)

Mientras se celebraba la reunión, fuera del Congreso se sucedían las protestas.

En la misma dirección reman asociaciones como Provida y la Fundación Madrina que exige una legislación de apoyo a la maternidad. Su presidente, Conrado Giménez, asegura que hay un error de base porque "no debe haber un derecho al aborto, sino un derecho a no abortar". Defiende que el Estado debe hacer una mayor inversión en apoyar a las mujeres que no tienen dinero para sacar adelante un hijo y por eso recurren al aborto. "La ley es una alternativa muy barata, pero que no soluciona el problema", insiste.

De hecho, desde su punto de vista no hace más que consolidar "los problemas que tiene la mujer" que, según éste, "sufre acoso por el hecho de ser madre, en el ámbito laboral, personal y también familiar, en el caso de las adolescentes". Con la nueva ley "no las hacemos libres, hacemos que todas caminen con un embudo hacia un mismo camino cuando no pueden tener un hijo" dice. Y ese camino, es el aborto como solución.

Un largo trámite

No hay consenso, pero los socialistas se sienten optimistas de cara al miércoles. "Tenemos grandes puntos en común con la mayoría de los grupos y esperamos puedan servir para llegar a un consenso", ha asegurado Carmen Montón. Lo acordado en la reunión de la Comisión del próximo día 18 será sólo un pequeño paso para alcanzar el final del recorrido: el cambio de ley.

Para llegar hasta allí queda un largo recorrido parlamentario. El informe pasará a manos del Gobierno para que lo tenga en cuenta, junto con el informe del Comité de Expertos del Ejecutivo, a la hora de redactar el anteproyecto de ley. Y una vez elaborado deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros para poder llegar al Congreso. Mínimo, hasta finales de año, parece que no habrá nueva ley.