La Ley de Ciencia primará la coordinación y mejorará la carrera profesional

Madrid.-  El borrador de la nueva Ley de Ciencia insta al Gobierno y a las Comunidades Autónomas a crear un Consejo de Política Científica y Tecnológica y a elaborar la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, un documento marco que establecerá las prioridades de esta política y ahondará en la coordinación.

Estas son dos de las propuestas incluidas en el citado borrador, en el que, además, se plantea una mejora de la carrera profesional y se autoriza al Gobierno a que, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley, acometa la reorganización de los Organismos Públicos de Investigación (OPIS), procediendo a "la extinción" de aquellos cuyos objetivos coincidan con los de otros.

La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, ha recibido hoy, del grupo de expertos, el borrador de anteproyecto de la nueva Ley de la Ciencia y la Tecnología, que también incluye la creación de un comité de ética de la investigación.

Tras el acto de hoy, el Gobierno abrirá un diálogo con todos los agentes, con el objetivo de alcanzar el mayor consenso posible.

La idea del Ministerio es que los trámites parlamentarios puedan iniciarse en primavera y que la Ley entre en vigor a finales de este año o principios de 2010.

Según este borrador, el órgano encargado de realizar la Estrategia de Ciencia y Tecnología, que se aprobará previa consulta con los agentes sociales, será el Consejo de Política Científica y Tecnológica.

Si bien "el borrador cero" no marca plazos, esta estrategia podría estar lista a finales de 2010 o principios de 2011, según ha dicho a Efe el secretario general de Política Científica y Tecnológica, José Fernández Labastida.

El grupo de expertos también ha propuesto la creación de una Agencia Estatal de Financiación de Investigación, que junto al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, desarrollará su actividad como agente de financiación de "forma coordinada" e "independiente".

En relación a la reorganización de los OPIS ésta se ajustará a los siguientes criterios: se transformarán en agencias estatales estos organismos (según lo establecido en la Ley 28/2006) y se procederá a "la extinción de aquellos en que una parte sustancial de sus fines y objetivos coincida con los de otros OPIS, a los que se adscribirá el personal, los bienes y derechos de aquellos".

Esta opción es buena, según Labastida, ya que permite llevar el proceso de forma más pausada y con la participación de todos los agentes afectados.

Sobre el personal investigador, el borrador señala que el sistema de carrera profesional se articula en grados: grado de acceso, que son los doctores que han alcanzado un alto nivel de perfeccionamiento y que serán evaluados al tercer año de acabar su actividad, y el grado de consolidación (accederán aquellos que han aprobado la evaluación anterior).

Por último, se establecen los grados posteriores que consisten en sistemas de promoción definidos por los centros de investigación, pero el Gobierno podrá fijar los procedimientos necesarios para su homologación.

En cuanto a las modalidades de contratación, los investigadores pre-doctorales podrán realizar la tareas conducentes a doctor mediante un contrato de trabajo en prácticas, con una duración máxima de cuatro años.

Además, se podrán contratar, mediante el régimen de alta dirección, a nacionales o extranjeros de reconocido prestigio.

Según la ministra Cristina Garmendia, "estamos dando un paso decisivo para que nuestro país esté entre los más competitivos en ciencia e innovación".