Unánime respaldo a la Ley de Mediación para la resolución de conflictos familiares

Sevilla.-  El pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con el respaldo de todos los grupos, el proyecto de ley de la Mediación Familiar en Andalucía, que regula un procedimiento extrajudicial para la resolución de conflictos entre miembros de una familia y que no se aplicará a casos de violencia o maltrato.

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(EFE)

La consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro. EFE/Archivo

La nueva ley parte de la experiencia andaluza de la puesta en marcha de un programa de mediación familiar que comenzó en 2001 y que ha permitido atender casos en los que estaban afectados unos 4.700 menores de edad, con una media anual de unas 600 mediaciones.

La normativa parte también de una amplia normativa nacional y comunitaria que incide en la importancia de crear mecanismos desde las administraciones para ayudar a resolver los conflictos familiares antes de que acaben en los juzgados.

Esta norma establece quién puede solicitar la mediación y qué conflictos pueden entrar en su ámbito, así como el régimen sancionador por el incumplimiento de los deberes que corresponden a los profesionales mediadores en el ejercicio de sus funciones.

Podrán solicitar voluntariamente la mediación personas casadas, parejas de hecho, parejas sin vínculo legal pero con hijos comunes y familiares hasta el tercer grado de consanguinidad, además de personas adoptadas o acogidas y sus familias biológicas, adoptivas o acogedoras, y también las que ejerzan la tutela sobre menores y sobre personas con discapacidad intelectual.

Entre los conflictos, figuran los relativos a medidas motivadas por separaciones, divorcios o disoluciones de parejas de hecho; cuestiones relativas al derecho de alimento y cuidado de personas en situaciones de dependencia; relaciones de menores con sus parientes, tutores o guardadores, y ejercicio de la patria potestad o tutela.

La mediación familiar, no obstante, quedará expresamente excluida en situaciones en las que exista violencia o maltrato sobre la pareja, hijos o cualquier otro miembro de la familia.

El procedimiento no supondrá ningún coste para quienes cumplan los requisitos que actualmente rigen en la asistencia jurídica gratuita, y en el resto de los casos, se abonarán las tarifas que se establezcan reglamentariamente.

La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro, que ha dicho que "los motores" para que esta ley sea una realidad son "la participación y búsqueda de consenso", ha destacado el consenso logrado entre todos los grupos, que han permitido que Andalucía se sume las 10 comunidades que ya cuentan con ella.

Tras agradecer la aportación de todos los que han participado en su elaboración, la consejera ha señalado que contar con un marco normativo era una "necesidad" para muchas familias, y ha avanzado que el desarrollo reglamentario se va a traducir en decretos que confía que se pongan en marcha "de manera inmediata".

La parlamentaria popular María Jesús Botella, que ha subrayado que el proyecto de ley ha sido enriquecido durante la tramitación en comisión parlamentaria, ha señalado que el PP considera suya esta norma por haber participado con enmiendas, aunque ha lamentado que no se hayan incluidas algunas sobre los colegios profesionales.

Tras desear que la ley suponga un "impulso" a la mediación, la parlamentaria del PP ha lamentado que no se aceptara que la potestad sancionadoras de los mediadores colegiados recaiga en el colegio profesional correspondiente y que se defienda el modelo que atribuye a la administración "lo que corresponde los colegios profesionales".

Por su parte, el diputado de IU José Manuel Mariscal ha confiado en que esta ley sirva para garantizar que las familias no tengan que llegar al "desagradable caso" de acudir a la Justicia, y se ha mostrado convencido de que es una norma "útil" porque la solución puede llegar "desde el diálogo y la reflexión".

Mariscal ha destacado que los beneficiados de la norma serán los niños y ha destacado la mejora de la ley en el trámite de comisión con medidas como la inclusión de un órgano de participación que "mejorará" la aplicación de la ley, aunque ha pedido al Gobierno andaluz que no se demore en el desarrollo reglamentario y sobre todo no ahorre esfuerzos en la planificación presupuestaria, algo en lo que ha coincidido con la portavoz del PP.