Los movimientos internos que han tenido lugar en Argentina han ocupado más de una página en los diarios económicos españoles en los últimos meses. A la decisión parlamentaria de nacionalizar las pensiones, gestionadas por una entidad perteneciente al BBVA, se le ha sumado la estatización de Aerolíneas Argentinas (AA) a Marsans. Estos acontecimientos han vuelto a despertar los fantasmas de la 'inseguridad jurídica' de las empresas españolas en algunos países latinoamericanos. La sangre no ha llegado al río, pero la tensión entre el Ejecutivo argentino y la empresa española se ha mascado desde que la palabra 'expropiación' salió a relucir. Tanto es así, que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha tenido que salir a la palestra, visitando España para dejar claro que no es la gobernante de una república bananera y que el que venga tendrá que respetar unas reglas, pero que, pase lo que pase —como dijo Ortega y Gasset— "ningún español puede sentirse extranjero en Buenos Aires".
Kirchner, muy bien acompañada en el Congreso.
De esto aún no está muy convencido el vicepresidente de Marsans, Vicente Muñoz, a juzgar por sus afirmaciones de que se siente "perseguido" por el Gobierno argentino. Del mismo modo, Pablo Fonolla, directivo de una multinacional, ha llegado a decir que no recomendaba "a ninguna empresa invertir en la Argentina, salvo que cambien las reglas del juego", en referencia a los pesados trámites burocráticos que deben realizar las empresas para establecerse en el país suramericano. Incluso el Banco de España publicó un informe equiparando el riesgo de invertir en Argentina al de invertir en países profundamente inestables como son Irak y Afganistán. Ni siquiera Venezuela y Bolivia, siempre en el blanco de las críticas de las empresas multinacionales, se encontraban en esa lista negra.
Lo sorprendente es que, mientras que en España la estabilidad ya está en la rueda de reconocimiento, otros países, como Gran Bretaña, se deshacen en elogios hacia la república rioplatense, asegurando que es el noveno país del mundo más atractivo para invertir, además de ser uno de los emergentes más laureados, cuya presencia en la cumbre del G-20 no pasó desapercibida. ¿Con qué versión nos quedamos?
Fernández de Kirchner ha llegado —con varios meses de retraso, todo hay que decirlo— a suelo español pisando fuerte para limar asperezas y convencer a las autoridades y los ejecutivos de las empresas españolas de que la segunda visión se corresponde más con Argentina. Las cifras la han hecho sentirse cómoda. El espectacular crecimiento de Argentina desde la crisis de 2001 y los 4.000 millones de dólares que se repartieron las empresas cotizadas del país en año pasado, con Repsol a la cabeza, han sido su principal argumento. No le ha ido mal. Por el momento, Telefónica ha prometido que el próximo año invertirá 376,2 millones de euros en su país, mientras que Zapatero ha apostado por unos negocios conjuntos que han funcionado bien "el 99% de las veces".
Quizá por eso, se ha mostrado tranquila mientras se le presentaba la oportunidad de "explicarnos la trama de una película de la que sólo hemos contemplado una pequeña escena". El símil es suyo. La película —que coprotagoniza junto con Marsans— ha tenido un final agridulce. "Me hubiera gustado no tener que tomar esta decisión (...) que Aerolíneas hubiera sido un buen negocio, pero no pudo ser. Es el 1% del que hablaba José Luis", ha asegurado haciendo gala de un carisma envidiable y refiriéndose al mandatario español por su nombre de pila.
¿Qué quiere decir Fernández de Kirchner con que Aerolíneas no funcionaba? Lo cierto es que, desde su privatización en los años noventa, la trayectoria de AA ha sido bastante irregular. Según la presidenta argentina, los problemas vienen ya desde el mandato de Néstor Kirchner, su marido, si bien es cierto que los fuegos se han avivado en el último año. En los últimos meses, las autoridades argentinas comenzaron a sentirse molestas con lo que ellos llamaron "problemas de conectividad" de la principal compañía aérea del país. La decisión de expropiar la empresa sentó como un jarro de agua fría a este lado del charco y comenzaron las acusaciones que se resumen en una expresión fatal: "inseguridad jurídica".
La agencia de promoción de las inversiones en Argentina, ProsperAr, recuerda que los inversores extranjeros, no sólo pueden "efectuar inversiones en Argentina sin necesidad de aprobación previa y en las mismas condiciones que aquellos inversores domiciliados en el país", sino que pueden realizar acciones tales como "transferir al exterior las utilidades líquidas y realizadas provenientes de sus inversiones, así como repatriar su inversión". En el caso de las multinacionales españolas que decidan poner su dinero allí, Argentina ha acordado la firma de Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI).Tradicionalmente, estos acuerdos aseguran que los estados responderán en caso de que la empresa tenga algún problema, para garantizar la rentabilidad de los capitales extranjeros. Entonces, ¿dónde está la inseguridad?
El acuerdo, pendiente de un hilo.
Erica González, investigadora del Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL), cree que éste no es más que uno de "los mismos argumentos que se esgrimen en toda América Latina en cuanto las inversiones extranjeras se ven mínimamente reguladas". Según ella, no sólo no es cierto que las multinacionales corran riesgos en estos países —"gozan de ventajas fiscales increíbles, créditos..."—, sino que ocurre todo lo contrario. "Estos gobiernos muchas veces no disponen de regulación para proteger a la población de los abusos de las multinacionales", asegura, recordando que no se habla de que durante la época de privatización "había mucha inseguridad jurídica", ya que "se quitaron las regulaciones propias que protegían las estructuras de los países latinoamericanos". Como ejemplo, González menciona el caso de Bolivia, que tomó la decisión de vender su empresa petrolera estatal a las multinacionales sin pasar por el Congreso "y eso no se consideró inseguridad jurídica".
La investigadora de OMAL se pregunta por qué tampoco se habla de "inseguridad jurídica" cuando "muchas veces, en la operación de estas multinacionales los derechos fundamentales se ven seriamente afectados por la ausencia de medidas coercitivas para que las multinacionales garanticen los servicios a los ciudadanos". De ahí que se haga esta pregunta: "Inseguridad jurídica, ¿para quién?"
Estas preguntas forman ya parte del sentir popular en Argentina, sobre todo después del desplome de su economía en 2001, que se achacó en parte a los abusos de las multinacionales que, mezclados con la corrupción, formaron un cóctel letal para el país. Así se ha desprendido de las palabras de Kirchner, que ha recordado que "la globalización, como su propio nombre indica, implica multipolaridad y multiculturalidad. Si no, se llama dominación" y, según ella, "esto no lo va a aceptar la sociedad argentina". La presidenta peronista ha creado toda una filosofía alrededor de este planteamiento. "Un mundo sin reglas no puede existir. Pero un mundo en el que sólo los débiles deban acatar las normas y los grandes las violen sistemáticamente también es invisible", afirma solemnemente. Eso sí, no se olvida de "la importancia de las inversiones de España en Argentina". Pero su mensaje es claro. "No a cualquier precio".
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