El CGPJ cree que la huelga de jueces "no tiene base legal"

MADRID.-  El Pleno del Consejo General del Pode Judicial (CGPJ) aprobó hoy por unanimidad un acuerdo en el que defiende que la huelga convocada por jueces y magistrados para el próximo 18 de febrero "no tiene cobertura legal", por lo que todos ellos "tendrán que estar en sus puestos de trabajo" el día fijado para el paro.

ampliar foto

EP (EUROPA PRESS)

El Pleno del Consejo General del Pode Judicial (CGPJ) aprobó hoy por unanimidad un acuerdo en el que defiende que la huelga convocada por jueces y magistrados para el próximo 18 de febrero "no tiene cobertura legal", por lo que todos ellos "tendrán que estar en sus puestos de trabajo" el día fijado para el paro.

Tras casi tres horas de reunión, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, señaló que el órgano de gobierno de los jueces ha decidido "no tener por anunciada la convocatoria de huelga" y "no fijar servicios mínimos", al entender que los convocantes no tienen "ni competencia ni base legal" para llevar a cabo esta protesta.

"El Consejo rechaza el ejercicio de huelga de los jueces de este país porque entendemos que no hay base normativa para el ejercicio del mismo", señaló Bravo en una breve comparecencia en la que dio lectura al acuerdo aprobado por el Pleno.

Preguntada por si el CGPJ impondrá sanciones disciplinarias a los magistrados que secunden el paro, Bravo indicó que el Consejo "valorará cada caso concreto y adoptará las medidas que correspondan". "Llegado el día 18, el Consejo, si nos consta alguna denuncia, valoraremos cada caso concreto y actuaremos conforme establecen las disposiciones legales", dijo.

"NO NECESITAMOS SUGERENCIAS DE NADIE"

Durante su declaración, la portavoz negó que la posición adoptada por el Consejo haya estado influenciada por la actitud contraria a la huelga que ha venido manifestando en las últimas semanas el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. "No necesitamos sugerencias de nadie, somos un órgano de gobierno independiente", aseguró.

También explicó que esta resolución supone que la convocatoria de huelga, realizada por 21 asambleas de jueces de toda España y las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria (FdV) y Foro Judicial Independiente (FJI), "no tiene efectos jurídicos, lo que significa que el día 18 de febrero los jueces y magistrados de este país tienen que estar en sus puestos de trabajo".

Además, el CGPJ aprobó una resolución institucional en la que señala que "por su gravedad y efectos en la prestación de un servicio público fundamental" las medidas esgrimidas por los huelguistas "resultan difícilmente conciliables con los objetivos que persiguen y carecen de justificación cuando está abierta la vía del diálogo con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas y se aprecia una voluntad clara de profundizar en el proceso".

Los vocales aseguran no compartir "medidas de presión que perjudiquen el derecho de los ciudadanos a obtener la tutela judicial efectiva", al tiempo que confían en "el constatado sentido de la responsabilidad y del cumplimiento del deber de los jueces".

LA RESPUESTA, "EN MANOS DEL MINISTERIO"

No obstante, destacan que los jueces realizan "en muchas ocasiones" su labor "en condiciones humanas y materiales que no responden a las necesidades exigibles para el ejercicio de un poder del Estado", por lo que apoyan las peticiones que realiza la carrera judicial en relación con "la modernización de la justicia, las condiciones en que se administra y la mejora del estatuto orgánico".

Aún así, recuerdan que "la respuesta efectiva" a sus peticiones "no se inscribe en el ámbito de sus medios propios", ya que la cobertura presupuestaria de las medidas a adoptar "está en manos del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas a las que se ha transferido la competencia en esta materia".

La resolución institucional afirma, por último, que el órgano de gobierno de los jueces, "en el cumplimiento de sus funciones, velará siempre para que mediante el ejercicio de la función jurisdiccional se garantice el derecho a la tutela judicial de los ciudadanos".