PSOE, PAR e IU rechazan crear un registro de informes elaborados por encargo

Zaragoza.-  Los votos en contra del PSOE, PAR e IU han impedido que hoy saliera adelante en las Cortes una proposición de ley con la que el PP pretendía garantizar la transparencia en la contratación pública, concretamente con la creación de un registro público de estudios, informes y estadísticas elaborados por encargo.

La proposición de ley presentada por el Grupo Popular, que ha apoyado CHA, pretendía, sin perjuicio de la "oportunidad y conveniencia" que puedan tener "buena parte" de los estudios que encarga la Administración autonómica, contar con una normativa "que evite abusos en la contratación externa", que a veces pueden ser realizados perfectamente por los recursos humanos propios de la Administración.

Según los populares, con su propuesta querían evitar contrataciones de informes que puedan resultar de dudosa utilidad o que respondan más a la "curiosidad" o a un "interés colateral" que a la "necesidad real" de los ciudadanos.

Asimismo, que estos trabajos o estudios pudieran encargarse a personas físicas o jurídicas vinculadas por razones de afinidad política o amistad manifiesta con quienes deban acordar su contratación.

La propuesta también planteaba incluir un régimen de incompatibilidades y conflicto de intereses, con el fin de que los cónyuges, familiares directos o personas ligadas por vínculos afectivos con los miembros del Gobierno, sus altos cargos y el personal eventual o de confianza no puedan suscribir contratos de este tipo con la Administración.

El diputado popular Eloy Suárez ha defendido la iniciativa con el objetivo de modificar la "deriva" tomada por la Administración autonómica que, a su juicio, adolece de falta de transparencia a la hora de hacer estos encargos a empresas externas.

Ha defendido especialmente la creación de un registro público de informes y estudios, residenciado en las Cortes y, por tanto, con acceso público a diputados y ciudadanos, con el objetivo, ha insistido, de intentar cumplir con los principios de "eficacia, eficiencia y transparencia" que deben de guiar la gestión pública.

Según los datos de Suárez, sin contar los que hacen las empresas públicas, el Gobierno de Aragón externaliza cada año veinte millones de euros en estudios, informes y trabajos.

El diputado socialista Carlos Tomás y la aragonesista Ana de Salas han calificado la iniciativa de "totalmente innecesaria" puesto que, según ésta, todas las medidas propuestas ya están comprendidas en el ordenamiento estatal y autonómico, entre otras leyes en la de Contratos del Sector Público, en vigor desde abril de 2008, que regula "exhaustivamente" los procedimientos contractuales de todas las administraciones públicas.

También, ha señalado, existe un registro como el que se solicitaba en la proposición de ley, pero el diputado de CHA Chesús Yuste ha recordado que lo custodia el Departamento de Hacienda, no el Parlamento, y que en él no están obligados a aparecer los contratos menores.

Yuste ha afirmado que los contratos de este tipo se fraccionan para contratarlos por partes y que no tengan que ser incluidos en este registro, por lo que hay en él un "claro componente de discrecionalidad".

Ha reconocido que existe una legislación estatal básica, pero ha rebatido los argumentos de PSOE y PAR porque no hay en vigor medidas legislativas autonómicas al respecto.

Por su parte, el diputado de IU, Adolfo Barrena, ha insistido en que hay normativa suficiente para garantizar la transparencia de estos contratos.

Ha reprochado al PP la excesiva carga mediática que supone poner en duda constantemente ante los ciudadanos los valores democráticos, algo a lo que no está dispuesto a contribuir, porque, ha reconocido, aunque la situación "no es perfecta" decir que no hay elementos para que la oposición cumpla con su labor "sería como decir que aquí no hay democracia".