El Ayuntamiento recurrirá la exclusión del estudio ambiental de la cárcel

Pamplona.-  El Ayuntamiento de Pamplona recurrirá en sede judicial la exclusión del trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto del nuevo centro penitenciario, ya que la Junta de Gobierno local ha considerado que "no se dan las circunstancias para excluir un trámite que resulta fundamental".

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(EFE)

El concejal de Urbanismo, Vivienda y Desarrollo Sostenible, Juan Luis Sánchez de Muniáin. EFE/Archivo

Por ello la Junta del Consistorio pamplonés ha aprobado la presentación de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el acuerdo del Consejo de Ministros, publicado el 19 de diciembre de 2008, por el que se declaraba excluido del trámite de evaluación de impacto ambiental el proyecto de construcción de un nuevo centro penitenciario.

Esta decisión ha sido hecha pública hoy en conferencia de prensa por el concejal de Urbanismo, Vivienda y Desarrollo Sostenible, Juan Luis Sánchez de Muniáin, quien ha considerado que "la única razón" que el Estado alegó para no desarrollar dicho estudio fue la urgencia, pero "a estas alturas no es una excusa excepcional".

Así, de acuerdo con el informe elaborado por los servicios jurídicos del Consistorio, el proyecto "no se ajusta a la previsión normativa que permite dicha exclusión en supuestos excepcionales y mediante acuerdo motivado", según se recoge en la Disposición Adicional 2ª del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.

La cuestión planteada por el Ayuntamiento se centra en determinar si el supuesto de la construcción del nuevo centro penitenciario "merece la consideración de excepcional", y al respecto Sánchez de Muniáin ha sentenciado que no existe "ni situación extraordinaria ni de imposible previsión".

A juicio del Consistorio, resulta "contrario al propio significado de las palabras que pueda intentar calificarse como de imposible previsión un proyecto que fue previsto en 1991", y que desde entonces, "ha sido simplemente reiterado en su planificación pero no ejecutado. Es evidente, que lo previsto no puede ser a la vez imprevisto".

Sánchez de Muniáin ha señalado finalmente que al Ayuntamiento no le queda otra que recurrir ante el Supremo para "evitar un error de imposible reparación en el futuro", y que por todo lo anteriormente expuesto se interpondrá dicho recurso próximamente.

El concejal ha reconocido que dicho recurso podría contemplar la suspensión de las obras, desaconsejar la ubicación u otro tipo de medidas alternativas al proyecto actual.

No obstante, ha recordado que el Consistorio mantiene la disposición a colaborar con el Gobierno central, pero ha denunciado que exista un deber de cooperación entre ambas instituciones "como principio básico" que "claramente ha sido negado a este Ayuntamiento".

Finalmente el concejal ha indicado que los nuevos trámites y actuaciones desarrolladas en el terreno de la colina de Santa Lucía "no han sido comunicados al Consistorio", así como las modificaciones en el proyecto que la semana pasada se hicieron públicas a los medios de comunicación por parte de la delegada del Gobierno en Navarra, Elma Sáiz.

Por su parte, la portavoz municipal del grupo socialista en el Consistorio pamplonés, Maite Esporrín, ha sostenido que no comparte la decisión adoptada hoy por la Junta de Gobierno Local, y que el PSN "poco tiene que decir a este respecto".

En una conferencia de prensa para tratar los asuntos del próximo pleno de la corporación, Esporrín ha subrayado que la cárcel es una infraestructura "declarada de interés general y utilidad pública" por el Consejo de Ministros, y que la Ley de Presupuestos les "exonera de los trámites urbanísticos y les exime de otro tipo de estudios como puede ser el de impacto ambiental".

No obstante, en este sentido ha indicado que "esto no quiere decir que se puede hacer de cualquier manera, sino que se harán otros estudios", pero ha reiterado que desde el PSN entienden "que no debe hacerse dicho estudio".