Bogotá.- La operación que devolverá la libertad a dos políticos, tres policías y un militar colombianos secuestrados por las FARC comenzó hoy con la partida de una misión humanitaria hacia Brasil, desde donde despegarán los helicópteros que se usarán para recogerlos en zonas de la selva de Colombia.
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, durante su intervención en la sesión plenaria del Foro Económico de Davos.
Está previsto que los primeros rehenes sean entregados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el domingo y que el martes, 3 de febrero, haya terminado la pesadilla de estos seis cautivos, después de que la organización guerrillera anunciara en diciembre pasado su decisión unilateral de liberarlos.
El grupo está formado por el ex gobernador del departamento del Meta Alan Jara, secuestrado en 2001; el ex diputado regional del Valle del Cauca Sigifredo López, cautivo desde 2003; y cuatro efectivos de las fuerzas del orden, cuyos nombres no se conocen.
La senadora opositora Piedad Córdoba, designada por las FARC como coordinadora de la misión, viajó hoy a San Gabriel de Cachoeira, en el estado brasileño de Amazonas, junto a varios delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Como testigos de la misión humanitaria se sumaron al viaje los escritores y periodistas Daniel Samper Pizano y Jorge Enrique Botero, además de la activista pro derechos humanos Olga Amparo Sánchez.
Desde ese rincón de la Amazonía el grupo regresará mañana, en aparatos brasileños, a territorio colombiano, en concreto a San José del Guaviare, 400 kilómetros al sur de Bogotá, para abastecer los aparatos de combustible.
En la madrugada del domingo, la misión humanitaria acudirá a un lugar selvático no determinado, donde recogerán a los primeros rehenes, tres policías y un militar, para después trasladarlos a la ciudad de Villavicencio, capital del Meta (120 kilómetros al sur de Bogotá).
En el aeropuerto de esta ciudad será donde se encontrarán por primera vez con la prensa internacional y serán recibidos por una escolta humanitaria.
Entre quienes darán la bienvenida a este primer grupo de secuestrados se encontrará el profesor Gustavo Moncayo, padre del militar Pablo Emilio Moncayo (secuestrado hace diez años) y quien recorrió a pie el país en 2007 para reclamar atención internacional para el drama de los secuestrados colombianos.
El operativo proseguirá el lunes en Villavicencio, desde donde la misión volverá a partir en los aparatos brasileños a otro lugar desconocido para recoger a Alan Jara, que regresará a Villavicencio para encontrarse con sus familiares.
Por último, en la madrugada del miércoles la senadora Piedad Córdoba y su equipo se dirigirán al Valle del Cauca para recibir al último rehén, el ex diputado de esta región Sigifredo López, quien a lo largo de esa jornada será trasladado a la ciudad de Cali.
Al tiempo, los familiares de la treintena de soldados y policías en manos de las FARC se concentrarán este domingo en la Catedral Primada de Bogotá para reclamar la libertad de todos los cautivos.
Piedad Córdoba, una radical opositora del presidente Álvaro Uribe, recibió en 2007 el encargo del mandatario para gestionar la liberación de un grupo de rehenes junto al presidente venezolano, Hugo Chávez.
Pero Uribe canceló esa mediación por discrepancias, lo que indignó al presidente Chávez y llevó a la paralización de las relaciones bilaterales por un tiempo.
Aún así, hace ahora un año, las FARC liberaron también de forma unilateral a seis rehenes y las gestiones de Córdoba fueron clave en el proceso.
El presidente Uribe, cuyo gobierno ha mantenido un perfil bajo en esta última misión humanitaria, reiteró hoy desde Davos (Suiza) su oferta de otorgar un tratamiento especial a los rebeldes que se entreguen.
"Hoy, desde Suiza, epicentro de la lucha por los derechos humanos, hago llegar a todos los guerrilleros de Colombia este mensaje: que se desmovilice y libere secuestrados, nosotros no le podemos ofrecer amnistía ni indulto, pero sí le ofrecemos libertad y le ofrecemos recompensas", aseguró.
Las FARC tienen en su poder en torno a 700 personas, de las cuales a 28 las considera "canjeables" por medio millar de guerrilleros presos.
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