Estrasburgo (Francia).- El presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Jean-Paul Costa, afirmó hoy que el "caso Batasuna", pendiente de sentencia, es "muy complicado".
El presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Jean-Paul Costa. EFE/Archivo
A preguntas de los periodistas sobre el caso más mediático referido a España que el tribunal tiene pendiente de resolución, el juez francés señaló que la complicación radica en que ha habido "observaciones de las dos partes".
El secretario general adjunto del mencionado tribunal, Michael O'Boyle, añadió que han estado estudiando las mencionadas observaciones hasta el pasado mes de diciembre.
El tribunal con sede en Estrasburgo (noreste de Francia) había comunicado el caso a las partes el 3 de abril de 2006, es decir, había pedido al Gobierno español y a los demandantes más información sobre las demandas presentadas el 19 de julio de 2004 por Batasuna y Herri Batasuna.
En concreto, el tribunal solicitó a las partes información sobre la posible conculcación del derecho de asociación, que contempla el artículo 22 de la Constitución Española.
Hace poco más de un año, el tribunal decidió estudiar el fondo del asunto en lo relativo a los artículos 10 (derecho a la libertad de expresión) y 11 (derecho a la libertad de reunión y de asociación), del Convenio Europeo de Derechos Humanos y rechazó examinar el artículo 13 (derecho a un recurso efectivo), también invocado por los demandantes.
Las demandas fueron presentadas después de que el Tribunal Constitucional avalara la ilegalización de Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok, declarada por el Tribunal Supremo tras la entrada en vigor de la ley orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos.
En su escrito, los demandantes se quejaron de que la citada ley se promulgó expresamente para proceder a su ilegalización y acabar con "la expresión política del independentismo vasco".
El texto de la demanda señala que los términos de la legislación por los que han sido ilegalizados son "muy vagos, indeterminados y confusos" y que la ley sólo pretendía una "disolución rápida de Batasuna".
De este modo, según los demandantes, se impedía su presentación a las elecciones municipales del 25 de mayo de 2003, "respondiendo a una decisión política del Gobierno del Partido Popular".
El Tribunal emitirá una sentencia en los próximos meses.
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