El Consell dice que la sentencia no afecta al modo impartirla frente a la valoración de los sindicatos

Valencia.-  El Gobierno valenciano ha asegurado que la decisión del Tribunal Supremo de rechazar el derecho a objetar de la asignatura de Educación para la Ciudadanía no afecta a que en la Comunitat se imparta en inglés a pesar de que sindicatos y oposición han celebrado la sentencia y han pedido la retirada de la orden que regula la forma de dar EpC de la Conselleria.

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(EFE)

El conseller de Economía, Gerardo Camps (i), y el president de la Generalitat, Francisco Camps, durante el pleno extraordinario de Les Corts donde el conseller ha comparecido a petición propia y con carácter de urgencia, para informar sobre las bases para un nuevo impulso económico y social en la Comunitat Valenciana que anunció el president del Consell el 31 de diciembre.

El Tribunal Supremo ha rechazado hoy el derecho a ejercer la objeción de conciencia frente a la asignatura al considerar que su contenido no lesiona los derechos de los padres.

El Consell, a través de un comunicado de la Conselleria de Educación, ha indicado que "acata" la sentencia del TS pero ha añadido que entiende que "el fallo, lógicamente, no afecta en absoluto al modo de impartir la asignatura en la Comunitat".

Así se ha referido a "la lengua vehicular recogida en la orden que regula EpC" en la Comunitat, por lo que ha recalcado que "se va a continuar con el régimen que en estos momentos se está dando en cada centro".

Para el portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Ángel Luna, sin embargo, el fallo "deja claro" al president de la Generalitat, Francisco Camps, que ningún gobierno "puede incumplir la ley".

Según un comunicado del grupo parlamentario socialista, tras el fallo del Supremo "en torno a 5.000 objetores en la Comunitat Valenciana quedan en una situación irregular por el radical afán de Camps en boicotear una Ley del Gobierno de España aprobada por el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta".

Del mismo modo Esquerra Unida ha valorado la sentencia que, a su juicio, "garantiza el derecho a la Educación por encima de intereses particulares" y ha exigido responsabilidades al Gobierno de Camps que ha realizado "un boicot activo a la asignatura, con esperpentos como la obligación de impartirla en inglés".

Los sindicatos y asociaciones integradas en la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública han coincidido en celebrar la decisión del TS pues, según su portavoz, Gemma Piqué, ha puesto de manifiesto que "la razón va siempre por delante".

Para el sindicato CCOO, la decisión del Supremo "refuerza sus tesis en el litigio sobre EpC que mantienen en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana" y "desautoriza al Gobierno valenciano".

Por su parte, UGT ha resaltado que "la resolución ahonda en la idea de que es una asignatura obligatoria y que debe impartirse sin ningún tipo de subterfugio como las recogidas en la orden sobre la asignatura publicada por la Conselleria".

De hecho, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del País Valenciano (STEPV) ha exigido al Consell la retirada de la orden sobre Educación para la Ciudadanía, que todavía está vigente, al conocer la sentencia del TS.

Para STEPV, esta decisión "aisla aún más" las pretensiones del Gobierno valenciano y del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, de poner trabas a que se imparta esta asignatura.

Para los sindicatos, lo dictado hoy por el Supremo se une a las sentencias cautelares del TSJ de la Comunitat y a la campaña de movilizaciones que ha realizado la comunidad educativa en el último trimestre, por lo que Font de Mora debe, según STEPV, "retirar definitivamente la orden sobre EpC".