Sevilla.- La totalidad de los ayuntamientos andaluces se han acogido al fondo estatal de inversión local, con la presentación de 5.706 proyectos, de los que sólo quedan 16 por remitir al Gobierno central, que supondrán la creación de 56.639 empleos directos y entre 15.000 y 20.000 indirectos.
En la imagen la fachada del Ayuntamiento de Sevilla que dá a la Plaza de San Francisco. EFE/Archivo
Estos datos han sido ofrecidos hoy en rueda de prensa por el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, tras hacer balance de esta primera fase con responsables de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos UGT y CCOO.
López Garzón ha destacado el "éxito" de esta convocatoria, ya que con los proyectos presentados se ha "agotado" prácticamente el presupuesto destinado a Andalucía, que asciende a algo más de 1.426 millones de euros.
La inmensa mayoría de los proyectos de obras, que deberán estar finalizadas antes del 31 de diciembre, han sido presentados directamente por los ayuntamientos, salvo un total de 68, que han sido remitidos por las mancomunidades (40 del Campo de Gibraltar; 13 de la Costa del Sol Occidental; 8 del Condado de Huelva y 7 de la Cuenca Minera) y todos ellos se han tramitado vía telemática.
La provincia de Sevilla es la que más proyectos ha presentado, con 1.113, seguida de Granada (867); Cádiz (853); Córdoba (780); Málaga (775); Jaén (565); Almería (377) y Huelva (376).
De los 5.706 proyectos presentados, un total de 1.656 ya se encuentran en fase de licitación y el Ministerio de Administraciones Públicas dispone de un plazo de diez días desde la recepción de los proyectos para dictar la correspondiente resolución.
Una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado la pertinente autorización, los ayuntamientos disponen de un mes para sacar los proyectos a licitación, 20 días para la adjudicación provisional de la obra y otros cinco días para la adjudicación definitiva.
El Ministerio de Administraciones Públicas librará a los ayuntamientos el 70 por ciento del importe de las obras al inicio de éstas, y el decreto obliga a los ayuntamientos a que abonen a los contratistas los pagos en un plazo máximo de un mes desde la certificación de la obra para que éstos, a su vez, puedan pagar a los subcontratistas.
El presidente de la FAMP, Francisco Toscano, ha destacado el esfuerzo "común" de ayuntamientos, empresarios y sindicatos en la materialización de estos proyectos, que contribuirán a "remontar" la crisis, gracias a un plan que "no tiene precedentes" ni en la cuantía del mismo ni en el procedimiento administrativo.
El secretario general de la CEA, Antonio Carrillo, se ha congratulado de la "transparencia" seguida en el procedimiento y de la agilidad en la tramitación administrativa, ya que en cuestión de un mes van a empezar las obras, pero ha pedido que esta "excepcionalidad" sea una regla "general" en el futuro.
Carrillo ha pedido a la FAMP que haga una recomendación a los ayuntamientos para que utilicen las cantidades que van a recibir "a cubrir las deudas con los proveedores", tras lo que ha asegurado que los empresarios van a seguir siendo "leales colaboradores" en la nueva fase que se inicia.
El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha pedido también que la agilidad en este procedimiento no sea una excepción y ha destacado las importantes expectativas que se abren.
"Somos conscientes de que ésta no es la solución definitiva, de que Andalucía tiene que avanzar hacia un modelo productivo que sea más competitivo, pero la actual coyuntura necesita de medidas paliativas que sirvan de tránsito", ha matizado.
CCOO ha pedido que las contrataciones se hagan a través del Servicio Andaluz de Empleo y ha asegurado que será "exigente" en el cumplimiento de la normativa laboral.
El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, ha coincidido en que la "transparencia" seguida en el procedimiento le da "credibilidad" a este proyecto y ha opinado que otras entidades deberían seguir este ejemplo porque genera "confianza", tras lo que ha pedido a los ayuntamientos que sean igual de transparentes en el seguimiento del desarrollo de los proyectos.
UGT ha solicitado a los ayuntamientos que condicionen la licitación de las obras a la generación de empleo en cada proyecto frente a una eventual rotación de trabajadores, una eventualidad que el delegado del Gobierno ha descartado porque el decreto dice que debe contratarse "nuevo personal".
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