Copenhague.- El Gobierno de Islandia cayó hoy víctima de la crisis económica que ha colapsado la economía de Islandia y de las protestas populares, que se intensificaron en la última semanas.
Desde el estallido de la crisis en octubre, cuando el derrumbe de la banca obligó al Gobierno de conservadores y socialdemócratas a nacionalizarla, el primer ministro, el conservador Geir H. Haarde, se había negado a dejar el cargo para no agravar más la situación.
Pero el inesperado cese ayer del ministro de Economía, el socialdemócrata Björgvin Sigurdsson, asumiendo responsabilidades, y las disputas en la coalición precipitaron este lunes la dimisión en bloque del Gobierno.
Haarde, que pretendía mantener el pacto hasta las elecciones anticipadas del 9 de mayo, rechazó acceder a las demandas de la alianza socialdemócrata, fundamentalmente a dejar el puesto a su socio en la coalición, que reclamaba la jefatura de Gobierno para la ministra de Asuntos Sociales, Jóhanna Sigurdardóttir.
Y eso que Haarde, que no se presentará a la reelección por padecer un tumor, ofreció su cabeza proponiendo ceder el cargo a otra conservadora.
El "divorcio" en la coalición surgida de las elecciones de mayo de 2007 y que Haarde oficializará presentando su renuncia al presidente, Olafur Ragnar Grimson, deja al país en la incertidumbre.
Haarde se reunirá con todos los líderes políticos y ya se ha postulado a favor de un gobierno de unidad nacional, pero encabezado por su partido como ganador de los últimos comicios.
La caída de Haarde y su equipo supone un triunfo para los miles de islandeses que desde hace meses llevan protestando contra un Gobierno que se había negado a asumir responsabilidades ante la peor crisis en la historia reciente de esta isla de 310.000 habitantes y que en 2006 encabezaba la lista de países desarrollados de la ONU.
Pero la escalada de las movilizaciones, en algunos casos con una violencia que no se veía desde las protestas contra el ingreso en la OTAN de hace medio siglo, han acabado por arrastrar al Gobierno.
El otro gran objetivo de las reivindicaciones populares, el ex primer ministro y actual presidente del Banco Central, David Oddsson, se aferra todavía a su cargo, a pesar de que ayer dimitió en bloque la dirección de la Autoridad Supervisora de Finanzas.
El estallido de la crisis ha supuesto el fin brutal de un cuento de hadas en un país que ha pasado del lujo y el derroche al colapso, con la banca nacionalizada, la inflación disparada, la moneda por los suelos, el paro duplicado hasta el 5 por ciento y, sobre todo, un endeudamiento de enormes proporciones.
Islandia, que había vivido casi en exclusiva de la pesca y con la economía estatalizada, empezó a despegar en la década de 1970 con un nuevo sistema de cuotas pesqueras, al que siguió una amplia política de privatizaciones entre 1985 y 1995, incluido el sector bancario.
Apoyados en una coyuntura económica propicia y en préstamos en el extranjero, los inversores islandeses pusieron en práctica una agresiva política expansiva en el Reino Unido y Escandinavia, en particular en Dinamarca, de la que Islandia se independizó en 1944.
Al mismo tiempo que el sector financiero crecía y crecía, hasta representar 9 veces su Producto Interior Bruto (PIB), aparecieron los primeros síntomas de calentamiento de la economía, que tomaron visos de gravedad en mayo pasado, cuando los bancos centrales de Suecia, Noruega y Dinamarca concedieron un crédito extraordinario de 1.500 millones de euros al de Islandia para inyectarle fondos.
La coyuntura internacional agravó la situación progresivamente, hasta estallar a principios de octubre: en unos días se hundieron los tres principales bancos del país y con ellos los millones de dólares invertidos en sus filiales por miles de europeos.
A pesar de la negativa inicial del Gobierno a responder por las inversiones extranjeras una vez nacionalizados los bancos, las presiones de varios países europeos, que amenazaban con bloquear los préstamos a Islandia, hicieron mella.
A cambio de ese compromiso y de un programa económico austero, Islandia consiguió préstamos de más de 6.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) y los otros países nórdicos.
Pero pese a la inyección de dinero, las perspectivas son oscuras: las autoridades islandesas prevén para 2009 un decrecimiento del 10 por ciento de su PIB, una inflación del 13 por ciento y un desempleo del 7,8, mientras que todos los partidos han asumido la adhesión a la Unión Europea (UE) y al euro como un mal menor.
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