Crímenes sin esclarecer después de 20 años del ataque a un cuartel en Argentina

Buenos Aires.-  El ataque guerrillero que dejó 39 muertos en un cuartel de las afueras de Buenos Aires cumple hoy su vigésimo aniversario sin que se haya esclarecido el fusilamiento de miembros del grupo que lideró Enrique Gorriarán Merlo, quien murió en 2006 luego de pasar más de la mitad de su vida prófugo o preso.

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(EFE)

El ex guerrillero argentino Enrique Gorriarán Merlo, fallecido en septiembre de 2006, a los 64 años, a causa de una afección cardíaca- siempre sostuvo que el MTP "evitó un nuevo golpe militar. EFE/Archivo

La justicia argentina también adeuda un pronunciamiento sobre denuncias de desapariciones de atacantes detenidos al cabo de unos combates que el Ejército hizo durar innecesariamente más de un día, según testigos e investigadores del que se considera el capítulo más oscuro de la transición democrática argentina.

El Regimiento 3 del Ejército en la localidad de La Tablada fue atacado por miembros del Movimiento Todos por la Patria (MTP) el 23 de enero de 1989, mes y medio después de sofocada la tercera y última de las rebeliones militares que soportó el Gobierno de Raúl Alfonsín.

Precisamente ese año finalizaría anticipadamente su mandato en medio de un estallido social y una severa crisis económica.

La crónica oficial señala que 14 miembros del grupo izquierdista se rindieron al Ejército y que el ataque dejó el resultado de 28 atacantes y 11 policías y militares muertos.

El investigador y periodista Julio Villalonga afirmó a Efe que está demostrado que en el ataque participaron 48 miembros del MTP y nada se sabe de seis de ellos, una de las denuncias que abonan cuatro causas judiciales pendientes por desapariciones, fusilamientos o aplicaciones de tormentos a los detenidos.

Tampoco fueron entregados los restos del guerrillero franco-argentino Jorge Sánchez, muerto en esos combates, quien había regresado a Argentina después de trabajar como oficial de la policía nicaragüense tras la revolución del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Los atacantes "se quisieron rendir tres veces y no los dejaron: El Ejército montó un espectáculo para demostrar que había un rebrote de la subversión, algo absolutamente falso", apuntó Villalonga, coautor con su colega Juan José Salinas del libro "Gorriarán, la Tablada y las guerras de inteligencia en América Latina".

El investigador sostuvo que Gorriarán Merlo, quien dirigió el ataque por radio desde cerca del cuartel y "huyó al ver que las cosas iban mal", convenció a sus compañeros del MTP de que los militares preparaban un golpe de estado y pretendían lograr la liberación de jerarcas de la dictadura (1976-1983) condenados por delitos de lesa humanidad.

El MTP "quería establecerse como vanguardia de la defensa de la democracia", pero "había sido infiltrado" por el servicio de inteligencia del Ejército, aseguró el experto.

Gorriarán Merlo -fallecido en septiembre de 2006, a los 64 años, a causa de una afección cardíaca- siempre sostuvo que el MTP "evitó un nuevo golpe militar", como declaró a Efe en 2002, cuando estaba detenido junto a otros 16 condenados en 1993 por el ataque al cuartel.

"Lo de La Tablada sigue siendo para mí un misterio insondable. Habría que preguntarle a Gorriarán qué quiso hacer", declaró Alfonsín años después del ataque a la guarnición, cuyos terrenos son ocupados hoy por un supermercado y un centro comercial.

Los presos fueron indultados por el Gobierno de Eduardo Duhalde en 2003, cuando la mayoría de ellos estaba bajo libertad condicional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había objetado el hecho de que fueran juzgados bajo la ley de Defensa de la Democracia, sin posibilidad de apelación.

En octubre pasado la presidenta argentina, Cristina Fernández, ordenó que se enviaran "de inmediato" a la justicia los documentos de inteligencia relacionados con la causa y eximió a agentes secretos de la obligación de guardar silencio sobre ese asunto.

Fernández dispuso esas medidas en un decreto que alude a presuntos crímenes cometidos por militares al recuperar el cuartel y que constan en un informe de la CIDH realizado en 1997 por Jorge Taiana, actual canciller argentino.