El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarrave "sensato" no ir a la huelga

Pamplona.-  El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Juan Manuel Fernández, ha considerado hoy que "lo mejor y más sensato" es posponer la adopción de medidas "más radicales" como la huelga a un plazo posterior, y ha confiado en la negociación como "el cauce necesario para la solución".

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(EFE)

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Juan Manuel Fernández, analiza en rueda de prensa los acuerdos adoptados por las juntas de jueces, que en el caso de la Comunidad foral consistieron en no secundar la huelga prevista para el 18 de febrero.

Fernández se ha pronunciado de este modo en una conferencia de prensa en Pamplona, después de que las juntas de jueces de la Comunidad foral acordasen el miércoles no secundar la huelga prevista para el 18 de febrero, un acuerdo que sí ha sido adoptado por comunidades como Madrid, Murcia o Extremadura.

Sin embargo, los jueces navarros sí que apoyaron el documento reivindicativo acordado por la Comisión Interasociativa Permanente (CIP), que no defiende la huelga de febrero a la espera del curso de las negociaciones pendientes con el ministerio de Justicia.

No obstante, este acuerdo no descarta la posibilidad de una jornada de huelga el próximo 26 de junio en caso de que dicho ministerio no atienda las reivindicaciones o no se alcance algún acuerdo previo.

Así, Fernández ha opinado que "la mejor de las soluciones es esperar al resultado de un proceso negociador", tras considerar la huelga como una medida que por su prontitud, "bloquearía la negociación que creo que es el cauce necesario para la resolución de nuestros problemas".

El máximo responsable de la Justicia en Navarra ha explicado que el contexto general "no es el mejor", con lo que ha comentado que "la prudencia debe ser extrema" y ha reiterado su "respeto y apoyo" al proceso deliberativo de sus compañeros, que "no ha interferido en el normal desarrollo de las actividades jurisdiccionales".

Al mismo tiempo ha abogado por unas negociaciones "claras, honestas, sensatas y realistas" que cristalicen en medidas "eficaces", para lo que ha requerido de "la unidad orillando las diferencias puntuales para conseguir juntos las reivindicaciones que estamos defendiendo".

Fernández no ha redundado en estas quejas por considerarlas "sobradamente conocidas", pues la Justicia prestada por los órganos judiciales "presenta muchas carencias, lo que frustra a diario tanto a las legítimas expectativas de los ciudadanos como las de quienes operamos en el mismo".

Asimismo, ha considerado que "el deficiente estado" de la Administración de Justicia en España "no es algo nuevo", pues su funcionamiento "sigue siendo la asignatura pendiente del Estado", y ha insistido en que "el descontento que hoy se vive es común a todos cuantos trabajan en la Administración de Justicia".

De este modo, Fernández ha defendido unas reivindicaciones que "buscan la dignificación de un servicio esencial para el efectivo ejercicio de los derechos y libertades", ya que "está en juego el funcionamiento eficaz de la garantía última de los derechos de los ciudadanos".

Finalmente, ha concluido que un "Estado democrático no puede permitirse tener una Administración de Justicia infradotada y sometida a la permanente zozobra causada por sus disfunciones", y ha afirmado que las quejas de los magistrados "no se centran en mejoras salariales o de jornadas más confortables, sino en la protección de derechos cívicos, no de intereses gremiales".

Por otra parte, Fernández se ha referido al debate existente sobre si los jueces pueden ejercer o no su derecho a huelga, una cuestión "sumamente compleja", que parte de la ausencia de una regulación que "parece necesaria".

Por lo tanto, ante "la omisión a toda referencia de si los jueces y fiscales podemos o no ejercitar este derecho", Fernández ha determinado que "la presunción es lo que no está prohibido, con lo que en principio cabe su ejercicio", aunque ha señalado que hay principios sólidos para poder mantener una tesis contraria, pero la cuestión es "sumamente controvertida".

Finalmente, Fernández ha afirmado que el poder judicial debe mantenerse al margen de la lucha de los partidos políticos, por tratarse de "un poder independiente y responsable" que actúa "única y exclusivamente con arreglo a criterios de legalidad".

En este sentido ha concluido que la situación actual no es consecuencia de la política de un determinado Gobierno, y ha aclarado que "no es culpa del Ejecutivo que está actualmente en el poder", sino "consecuencia de la falta de acuerdo de las principales fuerzas a lo largo del periodo democrático para adoptar medidas estructurales que se precisan con urgencia dentro de la Administración de Justicia".