Salamanca (España).- El magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador Julio Acosta ha destacado que el asesinato de seis jesuitas en 1989 en la capital salvadoreña ya fue sometido a juicio, por lo que, en su opinión, "no cabe volver a juzgar un hecho ya condenado".
Imagen captada el 13 de noviembre de 2008, en el museo en la Universidad Centroamericana (UCA) en San Salvador, que muestras algunos de los objetos personales de los seis sacerdotes jesuitas y dos de sus empleadas, asesinados por el ejército salvadoreño en 1989. EFE/Archivo
"Cualquier crimen es criticable y abominable, pero en mi país, como en la mayoría, no se puede juzgar algo ya juzgado", dijo en una entrevista con Efe en Salamanca (centro de España), donde asiste a un curso de Derecho.
Acosta -que fue viceministro de Hacienda y síndico (número dos) del Ayuntamiento de San Salvador- hizo esas declaraciones al ser preguntado por la decisión de la Justicia española de investigar a 14 militares del país centroamericano por la matanza de los jesuitas, cinco españoles y un salvadoreño, y dos de sus empleadas en 1989.
El magistrado no quiso ahondar en sus declaraciones sobre este asunto porque quizás tenga que dar su "opinión judicial en las próximas fechas", ya que forma parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema salvadoreña, equivalente al Tribunal Supremo español.
El juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco ha admitido a trámite la querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) contra 14 militares salvadoreños por delitos de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes.
Sin embargo, la causa no incluirá al ex presidente de El Salvador Alfredo Cristiani, como pedían los demandantes.
La querella se apoya en el principio de justicia universal, que permitió en 1998 el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet por orden del juez español Baltasar Garzón.
El 16 de noviembre de 1989, en el marco de una ofensiva emprendida por la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, hoy partido de izquierda), fuerzas del Ejército salvadoreño, actuando como Escuadrón de la Muerte, irrumpieron en la Universidad Centroamericana (UCA) y dieron muerte a su rector, el jesuita español Ignacio Ellacuría.
Además, asesinaron a los sacerdotes de la misma nacionalidad Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Segundo Montes, al salvadoreño Joaquín López y López, así como a la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.
Por este crimen ya fueron juzgados en El Salvador, en 1991, una decena de militares, pero sólo dos de ellos, el coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno y el teniente Yussy Mendoza, fueron a prisión, aunque después quedaron en libertad tras la aprobación en la Asamblea Legislativa de una Ley de Amnistía.
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