Madrid.- Las comunidades autónomas del PP han considerado escaso el fondo de cinco millones de euros que ha fijado el Ministerio de Igualdad para la asistencia social integral de mujeres inmigrantes y menores víctimas de violencia de género, y han discrepado de los criterios de reparto.
Así lo han expresado a los periodistas los representantes de las comunidades de Madrid, Valencia y Murcia, tras participar en la II Conferencia Sectorial de la Mujer que ha presidido la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.
Por contra, autonomías gobernadas por el PSOE, como Andalucía y Extremadura, han dado la bienvenida a esta nueva aportación estatal, que se sumará a las partidas presupuestarias contempladas por las propias administraciones autonómicas para luchar contra la violencia machista.
La consejera madrileña de Empleo y Mujer, Paloma Adrados, ha tachado de insuficiente este fondo de asistencia a las mujeres maltratadas, frente a los 16 millones de euros que la Comunidad de Madrid destina a esta finalidad.
Adrados ha rechazado los criterios de reparto del fondo que tienen en cuenta el número de mujeres inmigrantes y el de menores, por considerar que la atención integral debe dirigirse tanto a las víctimas nacionales como a las extranjeras.
En este sentido se ha pronunciado el consejero de Política Social de Murcia, Joaquín Bascuñana, quien ha subrayado que, en su región, hay más casos de mujeres españolas maltratadas que de inmigrantes.
La titular de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, ha criticado que se haya reducido a la mitad este fondo con respecto a ejercicios anteriores y ha calificado de "operación de maquillaje" que sólo se refiera a mujeres inmigrantes.
Frente a estas críticas, la responsable de Bienestar Social e Igualdad de Andalucía, Micaela Navarro, ha acogido el fondo como "un balón de oxígeno" y ha destacado que, por primera vez, el Ministerio colabore y contribuya al presupuesto de las autonomías para desarrollar medidas que tienen que ver con la Ley de Violencia de Género y la Ley de Igualdad.
La consejera de Igualdad de Extremadura, Pilar Lucio, ha resaltado que este fondo se centre en dos colectivos especialmente vulnerables como es el de las mujeres inmigrantes y el de los menores, y ha destacado que la combatir la violencia de género es una prioridad en su comunidad.
Otro de los asuntos abordados en la reunión ha sido el comienzo de los trámites de contratación de los dispositivos electrónicos de detección de proximidad de maltratadores en los casos de riesgo grave, como un elemento complementario a otras medidas de protección, que podrían estar operativos en abril.
Sobre este asunto, la consejera madrileña ha expresado su preocupación por la elección de un sistema por parte del Ministerio que no sea compatible con los brazaletes que ya están implantados en Madrid con "muy buenos resultados" tras haber dedicado importantes esfuerzos y recursos económicos.
"Compatibilizar ambos sistemas es fundamental porque no queremos ser penalizados por ser una comunidad pionera en implantar" este mecanismo de protección, ha apuntado Adrados, quien ha considerado inadecuado hacer experimentos con otros procedimientos.
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