Madrid.- El fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, ha dicho hoy a Efe que la Fiscalía investigará un supuesto seguimiento y espionaje de altos cargos del Gobierno regional si recibe una denuncia al respecto, como ha anunciado hoy la presidenta Esperanza Aguirre, aunque por ahora no ve indicios de delito.
La portavoz del PSM-PSOE en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez. EFE/Archivo
Moix ha hecho estas declaraciones después de que el diario El País publicara hoy que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, "ha sido objeto de distintos seguimientos parapoliciales en los últimos ocho meses durante sus viajes públicos y privados al extranjero".
La Fiscalía, ha señalado, no va a actuar de oficio porque entiende "que de los datos que se expresan en el periódico de hoy no hay indicios suficientes como para entender que hay una actividad delictiva".
Sin embargo, añade, "si la presidenta de la Comunidad nos presenta una denuncia nosotros vamos a abrir unas diligencias de investigación, obviamente, como hacemos con todas las denuncias, porque es nuestro deber dar un trámite a todas las denuncias e investigarlas".
Tras precisar que esa denuncia no ha llegado todavía a la Fiscalía, Moix ha explicado que, a tenor de lo publicado, "lo que se ha producido es un seguimiento a un personaje, que es un personaje público porque es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y eso, así sin más, no es ningún tipo de delito".
No lo es, ha puntualizado además, porque "ese seguimiento se ha realizado con información que dimana de la propia Comunidad, por lo tanto alguien en la Comunidad ha dicho este señor va a estar en este sitio y en este sitio, y es la propia Comunidad la que da esos datos y no vemos actividad delictiva ninguna con los datos que salen en el periódico".
"Ahora -ha advertido- si hay otros datos nuevos, otros datos distintos, otro tipo de actuaciones, se puede valorar otra vez".
Esta postura de la Fiscalía es exactamente la misma respecto a la información que publicó ayer El País sobre que la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior encargue a un grupo de asesores informes sobre tramas de corrupción o escándalos en ayuntamientos.
"Se dice -ha resumido el fiscal superior- que hay unos asesores que trabajan contratados, como todos los cargos públicos tienen sus asesores, y que realizan unas funciones para la Consejería de Presidencia y eso, así dicho, no es nada".
Como en el otro caso, Moix advierte, no obstante, de que la Fiscalía actuará "si hay otro tipo de actividad que se pueda acreditar y salen datos de esa otra actividad distinta y vemos que esa puede ser constitutiva de delito".
Por otra parte, el comisario jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Madrid, José Luis Conde, no ha querido hacer declaraciones sobre la noticia y se ha limitado a afirmar que su departamento "siempre trabaja los asuntos previa judicialización, es decir, que todas la autorizaciones están dadas por juez y con el conocimiento del fiscal".
Conde ha incidido en que desde su departamento "no trabajamos con nada relacionado con inteligencia, ni nada de esos temas".
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