Quito.- El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, afirmó hoy que su Gobierno no dará marcha atrás en las disposiciones que determina la ley minera, a pesar de las exigencias de movimientos indígenas y ecologistas.
En su informe sobre el estado de la nación, Correa se refirió a la aprobación de la ley minera y al rechazo que provocó entre las comunidades indígenas. EFE/Archivo
En su informe sobre el estado de la nación, Correa se refirió a la aprobación de la ley minera y al rechazo que provocó entre las comunidades indígenas, que consideran que la nueva ley perjudicará al medio ambiente y favorecerá a las grandes empresas trasnacionales.
"No daremos marcha atrás en la ley de minería porque el desarrollo responsable de la minería es fundamental para el progreso del país", enfatizó.
Según el mandatario, quienes se oponen a la ley de minería no es porque quieran otra ley, sino que "no quieren ley, y esto es un absurdo e incluso una irresponsabilidad" porque "no podemos vivir como mendigos sentados sobre un saco de oro".
Los grupos indígenas y ecologistas, a los que Correa calificó de "fundamentalistas infantiles", convocaron varias marchas y protestas desde los primeros días de enero para pedir al Gobierno que se archive la ley, porque consideran que se elaboró sin consulta al pueblo y que amenaza al medio ambiente y a las fuentes de agua.
En el sur del país, las protestas tuvieron un tinte violento y dejaron un saldo de 14 policías heridos, cuatro detenidos, una ambulancia incendiada y un oficial médico de la policía retenido por 36 horas por un grupo de manifestantes.
Asimismo, varios activistas emprendieron el pasado lunes una huelga de hambre a las puertas del edificio de la Asamblea Legislativa.
Ante esto el mandatario declaró: "Respetamos todas las acciones de resistencia pacífica y apegadas a la ley que quieran realizar, pero los únicos responsables por quebrantos en su salud serán ellos mismos".
Indicó que "es falso" que la ley vaya en contra del consenso o ponga en peligro las fuentes de agua. "Los grupos fundamentalistas no lograron imponer sus caprichos y ojalá entiendan que aquí vivimos en una democracia donde velaremos por el bien común", agregó.
"El agua no corre peligro, la ley ratifica el mandato constitucional por el que el uso del agua para consumo humano y para la producción alimentaria tiene prioridad ante el uso del agua para otro fin", explicó.
"Estos argumentos no resisten el menor análisis. Cabe recalcar que el Gobierno creó la Secretaría Nacional del agua y que por primera vez en este país se tiene una política nacional del agua, demostrando el interés superlativo del Gobierno por el tema", apostilló.
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