Praga.- La Unión Europea (UE) dará una última oportunidad al proyecto para crear un gran fichero policial con datos biométricos, tras los nuevos problemas técnicos que amenazan con echar por tierra una idea que sufre un retraso de varios años.
El ministro checo de Interior, Ivan Langer, (c), posa junto a sus homólogos de la Union Europea durante el encuentro que han mantenido, hoy 14 de enero de 2009, en Praga, República Checa. Los ministros de Justicia e Interior de la UE estudian hoy cómo usar la tecnología para controlar mejor las fronteras y la inmigración, especialmente la posibilidad de crear una agencia europea que gestione todas las bases de datos comunitarias dedicadas a este objetivo.
Los ministros comunitarios de Justicia e Interior respaldaron hoy un plan de la Presidencia checa de turno de la UE para constituir un grupo de expertos que analice los últimos problemas detectados y decidir si existe una solución o es mejor abandonar el proyecto y buscar una alternativa.
Para entonces "tendremos conclusiones" acerca de qué opción elegir, declaró el titular checo del Interior, Ivan Langer, en una conferencia de prensa tras la reunión, en la que dijo que hará "todo lo posible" para que el proyecto llegue a funcionar.
SIS II prevé crear un gran fichero policial centralizado con datos biométricos de personas con antecedentes penales en la UE, que sería totalmente nuevo respecto al ya existente SIS (Sistema de Información Schengen, situado en la ciudad francesa de Estrasburgo).
Inicialmente estaba previsto que comenzara a funcionar a finales de 2007, pero diversos problemas técnicos han forzado a sucesivas demoras hasta septiembre de este año, lo que ya es "imposible", según fuentes comunitarias, y los nuevos inconvenientes hacen temer un nuevo retraso importante, que incluso se cifra en hasta un año más.
La discusión sobre los nuevos y serios problemas de este proyecto se produjo precisamente un día en el que los ministros centraron su debate en cómo usar mejor las posibilidades que ofrece la alta tecnología para controlar mejor las fronteras externas de la UE y luchar contra la inmigración clandestina.
Además, este consejo informal registró un consenso a favor de la idea de la Comisión Europea (que presentará una propuesta en febrero) para crear una agencia comunitaria que gestione las bases de datos policiales de la UE -además de SIS, son el Sistema de Información de Visados (VIS) y el banco europeo de huellas dactilares de demandantes de asilo (Eurodac).
A pesar del consenso en ambos puntos, varios ministros insistieron en la necesidad de que las herramientas técnicas funcionen primero antes de ir más lejos en quién y cómo las gestiona.
España prefiere "que las medidas funcionen en primer lugar y luego establecer los mecanismos" comunitarios de gestión, según señaló a Efe en este sentido el secretario de Estado español de Seguridad, Antonio Camacho.
En cuanto al SIS II, Camacho considera "preocupante" que este proyecto "esencial" no haya podido cumplir con los sucesivos plazos, pero mostró su confianza en que, "sin duda, encontraremos una solución".
Durante el debate de hoy, varios ministros se mostraron muy críticos con la forma en que se ha llevado el desarrollo de este proyecto e, incluso, Austria pidió que se abandone definitivamente, según fuentes comunitarias.
Las complicaciones que aquejan al proyecto se derivan de los problemas que supone la transmisión de los datos biométricos (como huellas dactilares o fotografías) entre los nuevos centros nacionales de información y el gran fichero central.
La UE ha previsto hasta ahora inversiones de 68 millones de euros en SIS II, de los que ya se han gastado 28 millones, cifras a las que hay que sumar las importantes inversiones realizadas por los países que participan, explicó el comisario europeo de Justicia, Seguridad y Libertades, Jacques Barrot.
Los retrasos del SIS II ya obligaron a retrasar la desaparición de las fronteras entre los diez países que entraron en la UE en 2004 y el espacio sin fronteras creado por los Acuerdos de Schengen.
En el sistema Schengen participan todos los países de la UE menos el Reino Unido e Irlanda, mientras que Rumanía y Bulgaria, los últimos en ingresar, esperan la solución de los problemas para hacerlo.
También participan tres países de fuera de la UE (Noruega, Islandia y Suiza).
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