La investigación del ataque al campamento de las FARC en Ecuador puede estancarse

Quito.-  La investigación sobre el ataque de militares colombianos a un campamento de las FARC instalado en territorio ecuatoriano en marzo pasado podría paralizarse por la falta de colaboración de las autoridades de Colombia, aseguró hoy el Fiscal general de Ecuador, Washington Pesántez.

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(EFE)

Vista aérea, del pasado 16 de agosto, del sitio donde estaba ubicado el campamento donde fue abatido el número dos de las FARC, 'Raúl Reyes'.

La autoridad fiscal, en una entrevista con el portal informativo de Internet Ecuadorinmediato, indicó que la investigación podría truncarse, porque no se conoce a los autores materiales de la incursión colombiana, en la que fallecieron unas 26 personas, entre ellas el portavoz internacional de las FARC, "Raúl Reyes".

"Si no descubrimos a los presuntos responsables, no hay cómo avanzar", precisó la autoridad, tras precisar que, si bien en marzo próximo se cumplirá un año del ataque, la indagación del caso podría durar dos años.

Esa información, que Pesántez ha pedido a la Fiscalía colombiana, es necesaria para continuar con el proceso que se sigue en la Corte de Justicia de la provincia de Sucumbíos, donde tuvo lugar el ataque, el pasado 1 de marzo, aunque la operación habría comenzado un día antes.

"Muy difícilmente nos darán esos nombres. Hablé con el fiscal de Colombia y si no tengo la (información) individual, la identificación, por decir algo, de las tropas que ingresaron el 28 de febrero, no puedo, con el actual sistema acusatorio, iniciar el proceso en estricto sentido", declaró Pesántez.

Si eso ocurre, el proceso solo se quedaría en una "una indagación previa" y no avanzaría hacia la etapa de instrucción, añadió el fiscal ecuatoriano.

Recordó que fue la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU) la que acusó al Gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe, de terrorismo, por el bombardeo y posterior incursión terrestre de tropas a un sector de la selva ecuatoriana, donde las FARC habían instalado un campamento clandestino.

Pesántez indicó que "dentro del mismo expediente se están investigando varios hechos, la muerte de las personas, que es la consecuencia definitiva" y remarcó que, cuando el fiscal que sigue la causa, Wilmer Gonzabay, "encuentre méritos suficientes" se emitirían varias "instrucciones fiscales".

No obstante, insistió en la falta de colaboración de las autoridades colombianas para avanzar en el proceso.

"Se pidieron, a través de la Fiscalía General del Estado, una serie de diligencias, entre otras, los nombres de las personas que entraron la noche del 28 de febrero al territorio (ecuatoriano), para saber los autores materiales, intelectuales, las circunstancias" del ataque, declaró Pesántez.

Asimismo, precisó que el caso podría derivar en una sanción de reclusión, y en ese sentido la ley ecuatoriana señala que "no prescribe el delito, sino en el tiempo que se establece la pena".

El fiscal explicó que el hecho consiste en "un delito de reclusión, porque se trata prácticamente de la ejecución" "de 25 ó 26 ciudadanos, entre ellos un ciudadano ecuatoriano".

En esa operación militar colombiana, que se realizó sin avisar a Ecuador, fallecieron también el ecuatoriano Franklin Aisalla, cuatro estudiantes universitarios mexicanos, pero fueron rescatadas vivas, por tropas de Ecuador, dos guerrilleras colombianas y la también la estudiante mexicana Lucía Morett.

Las tres sobrevivientes han sido reclamadas en extradición para proseguir con el proceso en la Corte de Sucumbíos. Las dos colombianas se encuentran asiladas en Nicaragua y la mexicana Morett, que también fue acogida por el Gobierno de Managua, regresó recientemente a su país.

Carlos Oña, secretario de la Fiscalía Segunda de la provincia amazónica de Sucumbíos (noreste de Ecuador), afirmó que el Tribunal Tercero de esta provincia dictó un "auto de llamamiento a juicio" para la mexicana Lucía Morett y las colombianas Doris Bohórquez y Martha Pérez.