La Junta modifica la norma de centros discapacitados para favorecer el acceso al empleo

Sevilla.-  La Junta ha aprobado hoy modificar los decretos sobre ingresos y traslados de discapacitados en centros residenciales y de día, y sobre la organización y funciones de los centros de valoración y orientación, para adaptar esta norma a lo recogido en el Plan de Empleabilidad para Discapacitados 2007-2013.

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(EFE)

Los vicepresidentes Gaspar Zarrías (c) y José Antonio Griñán (i), y el portavoz del ejecutivo, Enrique Cervera (d), tras la última reunión del año que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha celebrado en la Casa Rosa, sede provisional de la presidencia del Ejecutivo autónomo.

En la primera de estas normas se introduce la posibilidad de una reserva de plaza en centros de atención diurna para que puedan volver aquellos usuarios con mayor nivel de autonomía a los que les surja un trabajo de carácter temporal o participen en cursos de Formación Profesional para el Empleo.

Por otro lado, la persona titular de la Dirección General responsable en materia de discapacidad pasa a asumir la competencia para dictar resolución en los casos de ingreso por urgencia social, una facultad que hasta ahora recaía en las delegaciones provinciales de Igualdad y Bienestar Social.

En Andalucía hay 518 centros residenciales y de día, que disponen de 17.774 plazas para atender a las personas con discapacidad.

Entre otros requisitos de acceso, la normativa establece que el interesado tenga reconocido un grado de al menos el 33 por ciento de minusvalía, sea mayor de 16 años y menor de 65 (salvo mayores con discapacidad intelectual) y tenga problemas de integración laboral.

Estos requisitos se completan con la evaluación del grado de necesidad y con la prioridad de ingreso urgente en centros residenciales para quienes estén en situación de maltrato o abandono por sus familiares o cuidadores.

El segundo de los decretos modificados se refiere a los Centros de Valoración y Orientación de Discapacitados, entidades dependientes de las delegaciones provinciales de Igualdad encargadas de valorar las discapacidades física, psíquica y sensorial de acuerdo con baremos establecidos por la norma vigente, y de evaluar los factores sociales que dificultan la integración del colectivo.

En este caso la principal novedad es el traspaso al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de todas las funciones referidas a integración laboral.

En Andalucía funcionan actualmente nueve centros con este cometido; uno por provincia, salvo la de Cádiz, que tiene otro en Algeciras, y próximamente se abrirá el segundo centro de Sevilla.

El Plan de Empleabilidad para Personas con Discapacidad en Andalucía, iniciativa que origina los dos cambios normativos aprobados hoy, destina una inversión total de 414,4 millones de euros a medidas especiales de inserción laboral de este colectivo durante el periodo 2007-2013.

Los programas del plan benefician a 133.500 andaluces, cifra que supone el 67 por ciento de las personas que sufren algún tipo de discapacidad y que pueden acceder al mercado de trabajo.

Dentro de este grupo, se da prioridad a las alrededor de 76.700 (inactivas y no inscritas como demandantes de empleo) que desconocen sus posibilidades reales de llevar una vida laboral en igualdad de condiciones.

Entre otras medidas, el plan recoge incentivos a la contratación de hasta 12.000 euros; programas para potenciar los Centros Especiales de Empleo (empresas que cuentan en sus plantillas con un mínimo del 70 por ciento de trabajadores con discapacidad); planes formativos específicos con compromiso final de contratación; y la reserva de un 5 por ciento de las plazas del programa de Escuelas Taller.