El sistema aumenta la autonomía de las comunidades y compensa a las de menor riqueza

Madrid.-  El nuevo sistema de financiación autonómica permitirá a las comunidades depender menos del Estado, contará con fondos de convergencia para compensar a las más débiles y tendrá nuevos criterios de ajuste de la población, además de cumplir con todos los estatutos de autonomía.

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(EFE)

El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes (izda), acompañado del secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, durante la rueda de prensa que ofreció esta mañana para presentar la propuesta del Gobierno de reforma del sistema de financiación de las CCAA.

Así lo ha anunciado hoy en rueda de prensa el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, quien ha avanzado las líneas generales de la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, que el Gobierno ha remitido ya a todas las comunidades.

Según Solbes, el documento aún no está cerrado y puede sufrir modificaciones una vez que el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, finalice la ronda de contactos con los presidentes autonómicos, paso previo a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se espera sea antes de que finalice enero.

El modelo garantiza igual financiación por habitante para los servicios públicos fundamentales, tiene en cuenta la población como criterio fundamental de reparto de recursos y aumenta la autonomía y corresponsabilidad fiscal de las autonomías.

El vicepresidente ha detallado los ejes sobre los que girará el nuevo sistema: el incremento de la equidad y la suficiencia en la financiación del conjunto de las competencias transferidas y el refuerzo de las prestaciones del Estado del bienestar.

A estos ejes hay que sumar la mejora de la estabilidad del sistema y su capacidad de ajuste a las necesidades de los ciudadanos, así como el aumento de la autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal de las CCAA.

Esta mayor autonomía, según ha explicado Solbes, hará que las comunidades dependan menos del Estado, lo cual se logrará a través de una mayor cesión de impuestos: el 50% del IRPF y el IVA y el 58% de los impuestos especiales (en la propuesta de julio este porcentaje era del 50%).

Estos nuevos porcentajes ya figuraban en el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

En el sistema anterior el 70 por ciento de todos los recursos de las CCAA provenían de los impuestos cedidos parcial o totalmente del Estado, en el actual este porcentaje se elevaría al 90 por ciento.

Además, las comunidades tendrán mayor capacidad normativa, con la posibilidad de ampliar las competencias en el IRPF y podrán contar con más competencias en IVA e impuestos especiales.

Para cubrir sus necesidades de gasto, los gobiernos regionales dispondrán, además de los ingresos tributarios autonómicos, de recursos procedentes del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, del Fondo de Suficiencia Global -que financia el resto de las competencias transferidas- y de los nuevos Fondos de Convergencia autonómica.

Los nuevos fondos de Convergencia, que inyectarán recursos adicionales, se dividen en un fondo de Competitividad, para reducir las diferencias per cápita e incentivar la capacidad y esfuerzo fiscal de las comunidades y en un fondo de Cooperación, cuyos recursos se distribuirán entre las regiones de menor riqueza.

Según ha explicado Solbes, las comunidades autónomas dispondrán de más recursos adicionales -que se distribuirán en tres años-, y el Estado de menos, lo cual "puede tener" influencia en el déficit público.

El vicepresidente ha eludido adelantar qué porcentaje de recursos ocupan los servicios básicos en el nuevo modelo al señalar: "Esa es una buena pregunta pero no corresponde hoy la respuesta".

En cuanto a los criterios de ajuste de la población, que también sufren modificaciones, Solbes ha apuntado que se tendrá en cuenta la población, la dispersión, la insularidad y la población mayor de 65 años.

Asimismo se atenderá a la población sanitaria protegida y la población menor de 18 años, reivindicaciones planteadas por algunas CCAA.