CCOO no quiere llamar a huelga por la crisis, sino a la responsabilidad del Gobierno murciano y la patronal

Murcia.-  Comisiones Obreras (CCOO) aseguró hoy no querer optar al "recurso fácil del anuncio de movilizaciones o de una huelga general" por la situación de los trabajadores derivada de la crisis económica, y prefirió llamar a Gobierno y patronales "a la responsabilidad para que estén a la altura de las circunstancias".

En una rueda de prensa en la que hizo balance del año que termina, el secretario general de CCOO en la región de Murcia, José Luis Romero, advirtió a la administración de que la crisis "es cuestión de todos" y aseguró que el diálogo y la concertación social habidos en época de bonanza económica tienen que "revalidarse en la de vacas flacas" que estamos atravesando.

Una crisis "tan dura" ha constatado la "gran vulnerabilidad" del mercado de trabajo regional, con un aumento "brutal" del paro y una tasa de temporalidad de casi el 40 por ciento, aunque los parados dispondrán en esta primera fase de la recesión económica del colchón de una red de protección social que "está funcionando bien", afirmó.

A ello se suma el hecho de que se estén ofreciendo "a tiempo" cursos de formación para recuperar a desempleados de algunos sectores que sufren el paro en mayor medida, sobre todo del de la construcción, para otros en los aún se necesitan trabajadores, y se refirió en concreto a los tuberos y soldadores que precisará Repsol para la ampliación de su refinería en Escombreras, así como a los empleos que generarán las obras del nuevo aeropuerto internacional.

Ambas iniciativas generadoras de trabajo son lo más positivo de 2008, junto a la voluntad del PP y del PSOE murcianos de llegar a un consenso para la defensa del común interés del agua, por el debate de la reforma del estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha.

Romero denunció el "descaro y la actitud" de la banca española, que está "asfixiando el crédito a las empresas", algunas de las cuales están aprovechando la crisis para despedir al 10 por ciento de su plantilla, tope hasta el que no es obligatorio presentar un expediente de regulación de empleo (ERE), y "no vale todo en cualquier circunstancia, excepto si es para salvarse", añadió.

A este respecto, se refirió al ERE de Española del Zinc en Cartagena, propuesto por los sindicatos UGT y CCOO y el comité de empresa con el fin de que sus 250 trabajadores puedan cobrar.

Entre lo positivo de 2008 en el orden interno, el líder de CCOO hasta el próximo 24 de enero, cuando lo relevará el hoy secretario de Organización y Política Institucional, Daniel Bueno, destacó que el sindicato se ha convertido en la organización con más cotizantes de la región de Murcia, 32.000, una cifra de afiliados que se ha incrementado por primera vez en época de crisis.

Además, encara su noveno congreso regional con "cohesión interna", la única candidatura de Bueno a la secretaría general, frente a las tres habituales hasta ahora, una sola lista pactada para la ejecutiva regional y un reparto de tareas ya preorganizado, lo que asegura que en Murcia no habrá dinámica gobierno-oposición, como ha ocurrido en la cúpula nacional de CCOO, reconoció Romero.

Entre sus habituales "cocotazos" de fin de año, destacó el dedicado a Española del Zinc y a Quorum Capital, "que no asumen ahora sus riesgos como empresarios cuando no repartían sus beneficios cuando ganaban dinero", y donde CCOO puede acabar "solicitando la recalificación de los terrenos para garantizar que sus 250 trabajadores cobren indemnizaciones por despido".

También hubo para la empresa pública autonómica Murcia Cultural, condenada por "tráfico ilegal de trabajadores" en relación a una empleada subcontratada por la filmoteca, y para el ministro de Justicia y diputado por Murcia, Mariano Fernández Bermejo, por el colapso de los expedientes de concurso de acreedores, despidos y reclamaciones salariales en los juzgados de lo mercantil.

Una situación que, según Romero, "hace más injusta aún si cabe la crisis para los trabajadores, que se ven abocados a la economía sumergida mientras se resuelven sus expedientes", un plazo mínimo de seis meses, durante los que no pueden cobrar la prestación por desempleo, y se garantiza el cobro de indemnización por parte del Fondo de Garantía Salarial, con citas a un año vista, indicó.