CCOO afirma que la reforma de la Ley de Extranjería limita los derechos fundamentales

Barcelona.-  CCOO ha hecho público hoy su rechazo a parte del articulado de la propuesta de Ley de Extranjería del Gobierno porque "abre la puerta a la aplicación de la directiva europea que permite internar durante 60 días a una persona que no ha cometido ningún delito" y "limita el derecho a vivir en familia".

ampliar foto

(EFE)

CCOO ha hecho público hoy su rechazo a parte del articulado de la propuesta de Ley de Extranjería del Gobierno porque "abre la puerta a la aplicación de la directiva europea que permite internar durante 60 días a una persona que no ha cometido ningún delito" y "limita el derecho a vivir en familia". En la foto, el secretario de Inmigración de CCOO en Cataluña, Ghassan Saliba.

Según ha dicho hoy el secretario de Inmigración de CCOO en Cataluña, Ghassan Saliba, "con esta reforma el Gobierno pretende mostrar una política de mano dura con la inmigración".

"Estamos en el principio de la negociación de esta reforma y haremos lo posible por eliminar los artículos que limitan o vulneran derechos fundamentales de las personas", según Saliba.

En opinión CCOO, "es inadmisible" que una persona pueda estar retenida durante 60 días por una infracción administrativa, "ya que residir de forma irregular en un país no es un delito, sino una infracción administrativa, que se puede castigar con una multa, pero no con privación de libertad".

Asimismo, las modificaciones del articulado referente a la reagrupación familiar "vulneran el derecho fundamental de vivir en familia", según Saliba, porque limitan la reagrupación de ascendentes a los padres mayores de 65 años que dependen económicamente del reagrupante, y sólo permite reagrupar a familiares de los inmigrantes que llevan más de cinco años de residencia legal y continuada en España.

"Si queremos que trabajadores inmigrantes vengan a cuidar de nuestros padres, no podemos permitir que dejen a sus propios padres desamparados y tenemos que dejar que también cuiden de sus propios familiares", según el secretario de Inmigración.

Saliba ha reconocido que la reforma de la ley también incluye aspectos "positivos", pero ha matizado que "no se han introducido por iniciativa del Gobierno, sino porque son fruto de la sentencia del Tribunal Constitucional y, por lo tanto, de obligado cumplimiento".

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional declara inconstitucionales ocho artículos de la citada ley relativos al derecho de reunión, asociación, sindicación, huelga y asistencia judicial gratuita de los inmigrantes.

El único mérito del Gobierno, según CCOO, es la concesión de autorización de trabajo automática para las personas reagrupadas, es decir, los hijos y cónyuges del inmigrante.

Hasta ahora, los familiares que llegaban a España a través de este sistema no podían trabajar automáticamente, sino que, una vez en España, tenían que solicitar un permiso de trabajo e iniciar los trámites y gestiones necesarios.

Este hecho ha provocado que el gran crecimiento de inmigrantes residentes en España experimentado durante 2007 no se haya traducido en un aumento de los afiliados a la seguridad social, ni de la población activa inmigrante.

Según el informe sobre inserción laboral de la población inmigrante que ha presentado hoy el Centre de Estudis i Recerca Sindicals (CERES) de CCOO, durante 2007 se registró la tasa de crecimiento de población inmigrante más alta de los últimos cinco años en Cataluña (33,9 por ciento).

Sin embargo, el crecimiento de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social sólo fue del 7,6 por ciento, el de población activa del 9,9 por ciento y el de población ocupada del 9,6 por ciento.

Este desajuste se debe a que durante 2007 hubo un alto porcentaje de reagrupaciones familiares realizadas por los inmigrantes que regularizaron su situación en el proceso extraordinario de 2005.

Los datos del informe, que compara 2007 con 2006, no recoge las consecuencias de la crisis en la inserción laboral de los inmigrantes, pero aporta algunos datos preocupantes para la población extranjera.

Según el informe, los inmigrantes ocupan los puestos de trabajo más afectados por la crisis, concretamente en el sector de la construcción, y su nivel de temporalidad es el doble que el de los trabajadores autóctonos.