Bogotá.- El Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) de Colombia concedió hoy la libertad a Miguel de la Espriella, senador que a finales de 2006 reveló el pacto de políticos con paramilitares que dio lugar al escándalo de la "parapolítica".
El senador, del Partido Liberal Colombiano (PLC) y detenido en mayo de 2007, había sido condenado a finales del pasado febrero a tres años y siete meses de prisión, pena que purgaba en la Penitenciaría Central bogotana de la Picota.
De la Espriella recibió el beneficio de la libertad condicional en virtud de un recurso de hábeas corpus que interpuso bajo la alegación de que había cumplido las tres quintas partes de la pena a la que había sido condenado por concierto para delinquir.
El senador, del Partido Liberal Colombiano (PLC) y detenido en mayo de 2007, había sido condenado a finales del pasado febrero a tres años y siete meses de prisión, pena que purgaba en la Penitenciaría Central bogotana de la Picota.
El presidente de la Sala Disciplinaria del CSJ, Ovidio Claros, explicó a la prensa que el senador tenía derecho a la libertad condicional por haber cumplido la parte de la pena que, según la Constitución, permite que un reo sea excarcelado.
Las actividades de estudio y trabajo del senador en prisión, incluso en los días sábado, domingo y festivo, permitieron concluir que él había cumplido las tres quintas partes de la pena, precisó el magistrado.
Claros recordó que el hábeas corpus se interpone cuando "una persona está más allá de lo que debe estar privado de la libertad, o sea, se le conculca ese derecho a la libertad".
El magistrado estuvo a cargo del estudio de un recurso de impugnación presentado por la familia del político a una reciente decisión de primera instancia, por parte del Tribunal Superior de Bogotá, que no le concedió el beneficio.
En ese momento, dijo Claros, no existía toda la documentación necesaria para demostrar que De la Espriella podía salir en libertad condicional.
De la Espriella desató el escándalo de la "parapolítica" al revelar, en una sesión plena del Senado, el llamado Pacto de Ralito, suscrito a mediados de 2001 por una treintena de congresistas y funcionarios con altos mandos de la ahora disuelta organización Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Los firmantes del documento se comprometieron a "refundar la patria" y a suscribir un "nuevo pacto social".
La investigación fue asumida por la Corte Suprema de Justicia, para los funcionarios con fuero, como los congresistas; y la Fiscalía General, se hizo cargo de los otros implicados.
En su caso, la Corte Suprema ha procesado a unos setenta parlamentarios, la mitad de los cuales están presos.
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