La presión internacional obliga a la Junta Militar a liberar al ex presidente mauritano

Nuakchot.-  La liberación incondicional del ex presidente mauritano Sidi Mohamed Uld Cheij Abdalahi, depuesto en el golpe de Estado del pasado 6 de agosto, es fruto de la presión de la comunidad internacional, pero no colma las exigencias de la oposición que reclama que se le restituyan sus funciones legítimas.

Su puesta en libertad estaba prevista para el próximo 24 de diciembre, tres días antes de la organización de los Estados Generales de la democracia, anunciados por la Junta Militar para el próximo sábado con el objetivo de refundar la democracia en el país.

Sin embargo, el ex presidente, que se encontraba bajo arresto domiciliario en su pueblo natal, situado a unos 250 kilómetros de Nuakchot, fue liberado y trasladado esta madrugada hasta la capital, antes de volver horas después de nuevo a Lemden.

Abdalahi había estado retenido bajo vigilancia militar en esa localidad desde el pasado 13 de noviembre, antes de lo cual los golpistas lo habían mantenido en arresto domiciliario en un chalé del palacio presidencial en la capital.

El traslado del ex presidente a Lemden fue consecuencia de la presión efectuada por la comunidad internacional, como así lo ha sido también su liberación incondicional, pese a que con este paso no se cumplen los requisitos demandados por los opositores al levantamiento.

La Unión Europea había dado a la Junta un plazo hasta el pasado 20 de noviembre para que los militares restablecieran al antiguo presidente en sus funciones, so pena de anunciar sanciones económicas contra el país.

Por su parte, la Unión Africana (UA) lanzó otro ultimátum, que expiró el pasado 6 de octubre, con el objetivo de conseguir el restablecimiento del orden constitucional.

Y Estados Unidos impuso restricciones de viaje a miembros de la Junta Militar y del nuevo Gobierno, así como a todas aquellas personas que "apoyen las políticas o acciones que impiden la vuelta de Mauritania a un régimen constitucional".

Tanto la UE como la UA integraron, junto con otras organizaciones internacionales como la Liga Árabe, la delegación internacional que viajó a Mauritania el pasado 7 de diciembre en busca de una salida a la crisis política interna.

Uno de los frutos de los contactos con el presidente depuesto y con los responsables del nuevo poder fue la promesa de liberación de Abdalahi, como primera condición para la preparar la vuelta al orden constitucional.

La visita de la delegación internacional a Abdalahi lanzó el mensaje de que la vuelta al orden constitucional no puede ser aceptada sin que se solucione antes la situación del primer presidente elegido de manera democrática en la historia del país.

No obstante, aunque la liberación puede ser un paso hacia la búsqueda de una solución a la crisis, el nuevo poder en Mauritania sigue sin tener legitimidad constitucional.

Para remediar esa situación, la Junta Militar decretó una ordenanza no incluida en la Constitución revisada y votada por referéndum en 2006, en la que otorgó provisionalmente esa legitimidad al Alto Consejo de Estado (ACE) autoproclamado tras el levantamiento.

El ACE decidió además, organizar para el próximo 27 de diciembre los llamados Estados Generales para la democracia, una jornada de concertaciones políticas con la participación de partidos y otras organizaciones de la sociedad civil.

Ese encuentro preparará las próximas elecciones presidenciales, que según el nuevo poder en Mauritania, acabarán con el estado de excepción en el que vive el país desde el pasado 6 de agosto.

Sobre el futuro político del país, no obstante, también pesará la actitud del ex presidente, sobre todo porque una parte de la clase política, unida en el Frente Nacional para la Defensa de la Democracia (FNDD), mantiene su oposición a la Junta Militar y no participará en los Estados Generales.

Tanto el presidente depuesto como esa coalición han hecho pública su decisión de no acudir a los Estados Generales, dado que con esa medida, según ellos, se "legitimaría el golpe de Estado" que alzó a los militares en el poder el pasado agosto.

Esta postura política complicará la situación en un país, que con apenas 3,3 millones de habitantes, desde el levantamiento militar sigue en el punto de mira de la comunidad internacional.