Gobernación incumple su compromiso de aprobar la ley de consultas este año

Barcelona.-  El proyecto de ley de consultas populares no llegará al Consell de Govern en el plazo prometido por el conseller de Gobernación, Jordi Ausàs, quien aseguró que el ejecutivo daría el visto bueno a la ley antes de fin de año, según han avanzado a Efe fuentes del gobierno catalán.

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(EFE)

El conseller de Gobernación, Jordi Ausàs.

Fuentes del departamento de Gobernación han admitido a Efe que no será posible aprobar ese proyecto de ley en el última reunión del Govern del año, la que se hará el martes 23 de diciembre.

La consellería sostiene que esta ley es de una complejidad jurídica importante y atribuye la demora del proyecto a las múltiples reuniones que se han hecho para consensuar el proyecto y a los numerosos trámites que debe cumplir esta ley antes de su aprobación por parte del gobierno de la Generalitat.

En concreto, fuentes de este departamento explican que la ley está "prácticamente cerrada", pero que debe pasar necesariamente por la Comisión de Cooperación Local, y precisan que como este ente no se reunirá en diciembre, habrá que esperar a que se convoque en enero.

Otras fuentes del Govern han asegurado a Efe, en el mismo sentido, que la ley está "muy madura", pero que por su complejidad no ha llegado a tiempo, y eluden especular sobre cuándo puede llegar al Consell de Govern.

El pasado 11 de marzo el líder de ERC, Joan Puigcercós, aseguró en su despedida como conseller de Gobernación que dejaba la ley catalana de consultas populares pactada con el departamento de Presidencia y lista para su aprobación "muy rápidamente", en los "próximos meses".

Sin embargo, ocho meses más tarde de aquella afirmación, esta ley, una de las más reivindicadas por ERC, sigue demorándose, y está pendiente de pasar por esa comisión y por el Consejo Técnico, último paso antes de llegar al Govern.

Ante la polémica que suscitó inicialmente la ley por su uso político, el presidente de la Generalitat, José Montilla, garantizó el pasado mayo que la futura ley catalana de consultas populares se ajustará "a lo que dice el Estatut y la Constitución".

En la misma línea, el conseller de Gobernación, Jordi Ausàs, ha dicho en varias ocasiones que el gobierno catalán desarrollará "con toda legalidad" las competencias que le otorga el nuevo Estatut sobre "todo tipo de consultas populares, incluidos los referéndum".

El propio conseller aseguró en aquel momento que la futura ley de consultas populares establecería que se necesitarían entre 150.000 y 200.000 firmas de apoyo para poder pedir un referéndum, y que el Parlament y el gobierno catalán también podrían solicitar consultas populares.

La idea de Ausàs era que el porcentaje de personas necesario para pedir un referéndum oscilara entre el 3% -necesario para tener representación en el Parlament- y el 5%, cifra requerida para acceder a los ayuntamientos.

En mayo, la consellería firmó un convenio con la Universidad de Barcelona para que el Departamento de Derecho Constitucional de esta institución ayudase en el articulado del anteproyecto de ley.

Entonces el conseller aseguró que el proyecto podría estar listo antes del verano y, tras superar ese plazo, Ausàs dio el de final de año, que ahora se ha quedado corto de nuevo.

El Estatut otorga a la Generalitat la potestad de regular las consultas populares vía referéndum, pero corresponde al Gobierno autorizar cualquier iniciativa de este tipo.

La ley que se aprobará en 2009 se basa el artículo 29.6 del Estatut, que dice que los catalanes "tienen derecho a promover la convocatoria de consultas populares por parte de la Generalitat y los Ayuntamientos, en materia de las competencias respectivas, en la forma y las condiciones que las leyes establecen".

El otro artículo que desarrolla la ley es el 122, que asegura que "corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria" de consultas populares.