Cazadores y titulares cinegéticos de Castilla-La Mancha piden cambios en las normas que afectan al sector

Ciudad Real.-  La Federación de Caza de Castilla-La Mancha y Aproca le han pedido a la Administración regional que lleve a cabo cambios en las normas sanitarias que afectan de forma negativa al sector cinegético.

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(EFE)

Empleados del coto social de la finca Peñas Negrillas (en el término municipal de Almuradiel), que pertenece a la Junta de Comunidades, levantan un cierto abatido en una jornada de caza.

Esas dos organizaciones informaron hoy que han mantenido, recientemente, una reunión con la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud y Bienestar Social y con la Dirección General de Ganadería de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural al objeto de exponerles la problemática por la que atraviesa el sector cinegético.

Manuel Aranda, Vicepresidente de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, y Luis Fernando Villanueva, presidente de Aproca, trasladaron a la directora General de Salud Pública, Berta Hernández, la situación de rechazo que ha creado el convenio que la Consejería de Sanidad ha realizado con el Colegio Oficial de Veterinarios de Castilla La Mancha.

Un convenio por el cual todos los cotos de caza tienen que abonar 310,30 euros a dicho colegio en concepto de pago por el servicio del veterinario colaborador que inspecciona las canales de las cacerías.

En palabras de los representantes de cazadores y propietarios cinegéticos, se valora la gran importancia que tiene la figura del veterinario colaborador en las fincas de caza y la necesidad de una mayor profesionalización e independencia de los mismos.

Exponen, no obstante, que este pago supone un incremento de más de un 200 por ciento respecto a campañas anteriores y que es necesario recordar el perfil social de muchos cotos de caza, cuyo objetivo no es la comercialización de las piezas de caza y sí el autoconsumo, cacerías por tanto donde el número de reses abatidas son muy reducidas.

Por otro lado han expuesto que esta medida tenía que haber sido consensuada previamente con el sector cinegético, antes de su aprobación, cuestión que no ha sido tenida en cuenta.

Federación y Aproca han pedido a la Consejería una revisión del citado convenio y solicitan que para determinadas modalidades cinegéticas (recechos, aguardos, caza en mano de jabalí, ganchos y batidas de autoconsumo) no sea aplicada dicha medida.

Asimismo, Aranda y Villanueva han mantenido una reunión con la Consejería de Agricultura donde han propuesto una serie de medidas que afectan a la aplicación del Reglamento 1774/2002, entre ellas que las vísceras de reses abatidas en cacerías e inspeccionadas inicialmente por el veterinario actuante puedan ser tiradas en el campo sin necesidad de efectuar el enterramiento.