La guerra de las lenguas parecía haber entrado en estado de hibernación en los últimos meses. Después de que escritores, políticos y periodistas pusieran en pie de guerra a miles de españoles con el 'Manifiesto por una Lengua Común', el fenómeno se desinfló con el fin del verano. Ahora, el Consejo de Europa ha hecho público un informe sobre el estado de las lenguas minoritarias en España que pide más apoyo para las lenguas cooficiales y que, además, recomienda elevar el estatus jurídico de otras.
La Educación es el punto más polémico en los temas lingüísticos.
El segundo informe de este tipo que realiza el órgano europeo deja más que satisfechos a los colectivos que defienden la normalización lingüística porque supone un 'tirón de orejas' a las instituciones españolas. Después de que una delegación comprobara "sobre el terreno" la situación de las lenguas minoritarias, el resultado es un informe que repasa el panorama actual, lo compara con el anterior (de 2005) y hace algunas recomendaciones a las autoridades de nuestro país para adaptarse a la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias. Algunas de sus conclusiones son que "la población mayoritaria castellanoparlante es poco consciente de que España es un país multilingüe", que el catalán es la lengua más ampliamente utilizada en la vida pública y que los medios de comunicación no reflejan lo suficiente la realidad lingüística del país.
La principal batalla en el tema de lenguas se ha librado en el campo de la enseñanza. Recordemos que, según la normativa de cada comunidad autónoma, en Cataluña es obligatorio cursar todas las asignaturas en catalán (a excepción de Lengua española) mientras que en Galicia se exige, al menos, que el 50% de las materias se imparta en gallego. Actualmente, la única comunidad en la que existe la posibilidad real de recibir la enseñanza íntegramente en castellano, a excepción de Lengua vasca y Literatura (modelo A), es en el País Vasco, donde también existe un modelo sólo en euskera (D) y otro mixto (B).
El derecho a elegir una enseñanza íntegra en castellano es el principal caballo de batalla de los que, en su momento, apoyaron el polémico Manifiesto. ¿Y qué dice el Consejo? Pues todo depende de quién lea el informe. El texto reconoce que el modelo bilingüe es el más implantado en las comunidades con lengua propia e insta a las autoridades competentes a instaurar modelos de inmersión total. Para los que defienden la enseñanza en las lenguas cooficiales, el mensaje está claro: hay que tender a un sistema totalmente en catalán, euskera o gallego. Para sus 'contrarios', eso no es incompatible con que también se oferte enseñanza en castellano porque el texto aclara que "este sistema no debe ser obligatorio para todos los niños". Depende del cristal.
¿Quién dijo que en España conviven cuatro lenguas diferentes? El informe no sólo analiza las oficiales sino que también estudia el estado de otras como el asturiano, el aranés, el aragonés e incluso el árabe. En general, su estado de salud es mejor que hace tres años e incluso el informe aconseja aumentar el estatus de algunas de ellas:
¿Puede un vascoparlante acudir a cualquier institución del País Vasco y realizar todos los trámites en euskera? Probablemente no, pero debería. En el ayuntamiento, la oficina del Inem, los juzgados... la delegación europea suspende a las instituciones españolas porque considera que el uso de las lenguas cooficiales en los servicios públicos está "en retroceso en el conjunto de las comunidades autónomas" y que las medidas para garantizar las posibilidades de uso de estas lenguas en un procedimiento judicial son "insuficientes".
Éstas son algunas de las conclusiones a las que llegó la delegación europea y que plasmó en las 160 páginas de su informe. Eso sí, después de una visita entre el 10 y el 14 de septiembre de 2007. ¿Una impresión acertada o errónea?
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Soitu.es se despide 22 meses después de iniciar su andadura en la Red. Con tristeza pero con mucha gratitud a todos vosotros.
Fuimos a EEUU a probar su tren. Aquí están las conclusiones. Mal, mal...
Algunos países ven esta práctica más cerca del soborno.
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